El Gobierno brasileño acusó a los hijos de Jair Bolsonaro de influir en la decisión de Washington y los responsabilizó por actuar contra los intereses nacionales.
El Gobierno de Estados Unidos propuso imponer un arancel del 25% a una serie de productos brasileños tras concluir una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales. La medida, impulsada por la Oficina del Representante Comercial (USTR), podría entrar en vigor el próximo 15 de julio si no se alcanza un acuerdo.
El informe de la USTR señala que Brasil mantiene políticas consideradas “irrazonables” en áreas como comercio digital, servicios de pago electrónico, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y control de la deforestación ilegal. Además, cuestiona la lucha contra la corrupción y el sistema de pagos instantáneos Pix.
El representante comercial estadounidense Jamieson Greer reconoció que hubo reuniones con el presidente Lula da Silva, pero admitió que persisten diferencias. “Seguimos teniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver ciertas cuestiones”, afirmó, y anticipó que las negociaciones continuarán antes de julio.
La respuesta política más fuerte llegó desde Brasil. Lula acusó a los hijos del expresidente Jair Bolsonaro de actuar contra los intereses nacionales. “Estos hijos de Bolsonaro logran ser peores que él y, de hecho, son traidores a la Nación”, dijo en un acto en Catalão. En este sentido, vinculó la medida con gestiones realizadas en Washington.
Las declaraciones surgieron pocos días después de que el senador Flávio Bolsonaro visitara la Casa Blanca y difundiera una fotografía junto a Donald Trump. Lula también recordó que Brasil mantiene déficit comercial con Estados Unidos y cuestionó la lógica de los nuevos gravámenes. “Si no quieren comprarme, puedo venderle a otro”, afirmó, al destacar la apertura del mercado chino para la carne brasileña.
La respuesta de Bolsonaro
Flávio Bolsonaro negó las acusaciones y aseguró que en sus encuentros con Trump, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio pidió expresamente que no aplicaran nuevos aranceles. “Les pedí directamente que no impusieran aranceles a las empresas brasileñas”, sostuvo en declaraciones radiales. Asimismo, admitió que la medida refleja la falta de confianza de Washington en la administración de Lula.
Uno de los puntos más sensibles del informe estadounidense apunta al sistema Pix, desarrollado por el Banco Central de Brasil. La USTR sostiene que favorece a Pix en detrimento de empresas estadounidenses. En esta línea, el Ministerio de Hacienda brasileño rechazó la acusación y aseguró que responde más a motivaciones políticas que a criterios técnicos.
Pese a la tensión diplomática, empresarios y analistas minimizaron el impacto. La Amcham y la Fiesp remarcaron que la extensa lista de excepciones reduce significativamente el efecto económico. Además, señalaron que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo mediante el diálogo antes de la fecha límite de julio.
La propuesta llega en un momento políticamente sensible para Brasil, donde Lula busca la reelección. En este sentido, amenaza con reactivar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del continente.
