El gobernador quedó muy debilitado luego de que el intendente de Puerto Madryn y hermano del vice se retractó y ahora rechaza la ley.
Acorralado por las protestas sociales y sin apoyo político de los intendentes, Mariano Arcioni anunció la suspensión de la ley que habilita la minería en Chubut y el llamado a un plebiscito para definir si se aplica la controvertida norma.
La decisión del gobernador chubutense trascendió este lunes por la mañana luego de la quinta jornada de protestas y represión en las principales ciudades de la provincia. Arcioni lo confirmó horas después por Twitter: «quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad».
Hasta el domingo por la noche en el entorno de Arcioni aseguraban que no tenía pensado dar marcha atrás con la ley, pero el gobernador fue perdiendo apoyo político de los intendentes que fueron virando a medida que crecía el rechazo popular. LPO DAILYSUSCRIBITEAl suscribirte aceptarás recibir el newsletter de La Política Online. Te podés desuscribir cuando quieras
Esa falta de apoyo se profundizó con el anuncio del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, de que vetará la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante para adherirse a la norma. Con votos del oficialismo, Madryn -que es uno de los epicentros de las protestas- fue la primera ciudad en adherirse, lo que le permitiría cobrar las regalías mineras.
Gustavo Sastre es hermano de Ricardo, el vicegobernador de la provincia. Su anuncio pareció un aviso de que el vice también le soltaría la mano a Arcioni, a pesar de que hasta ahora había respaldado la norma. Eso efectivamente sucedió poco antes del anuncio de Arcioni.
Otro intendente peronista que expresó su rechazo a la normativa fue Adrián Maderna, de Trelew, que ayer participó de una marcha en contra. Maderna, socio político de los Sastre, dijo que la ley «fue sacada de espaldas, de un momento para otro» y no tiene legitimidad.
En este contexto, el único intendente importante de la provincia que mantiene el respaldo a la ley minera es el de Comodoro Rivadavia, el kirchnerista Juan Pablo Luque. La ciudad más grande de la provincia fue la segunda en adherir a la norma.
La marcha atrás de Arcioni reabre el debate sobre la necesidad de avanzar con la minería con «licencia social», un concepto que refiere al consenso y apoyo ciudadano a los proyectos de explotación. Muchos empresarios le advirtieron a Arcioni sobre esto, pero el gobernador nunca avanzó en ese sentido y llegó al gobierno proponiendo no apoyar la minería.
En tanto, desde la oposición redoblaron las críticas contra el gobernador. «No puedo creer que se plantee ahora el veto o la derogación de la ley como haciéndole un favor a los chubutenses. Nos toman el pelo, se creen que comemos vidrio. El que incendió la provincia es Arcioni y ahora se queja del olor a humo», afirmó el senador nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres.
