El jefe de Gabinete de la Nación defendió la desregulación del mercado yerbatero y aseguró que no habrá intervención estatal ni asistencia específica para productores. Además, Adorni afirmó que la rentabilidad deberá surgir de la competitividad, el crédito y las exportaciones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso este miércoles ante la Cámara de Diputados de la Nación. Allí ratificó la postura del Gobierno nacional sobre el conflicto yerbatero: no habrá regulación de precios, ni medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores. Además, tampoco trabajará en asistencia financiera para la industria. La definición se dio en el marco del informe anual, en el que respondió consultas específicas del sector y defendió el modelo aplicado tras el DNU 70/23.

Según la respuesta oficial, el Gobierno nacional considera que el sector atraviesa una etapa de “sinceramiento y recuperación”, basada en la desregulación del mercado y en una mayor orientación exportadora. En ese sentido, se apoyó en datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que indican que la salida de molinos con destino al mercado interno alcanzó en 2025 las 266.834 toneladas, un 3,11% más que en 2024.

Sin embargo, ese indicador convive con una caída del consumo acumulado en los últimos años. Entre 2023 y 2025, las ventas internas pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una baja del 7,1%. A pesar de esa contracción, la Casa Rosada sostiene que el nuevo esquema permitió corregir distorsiones históricas.

“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación”, afirmó Adorni en las respuestas enviadas al Congreso. También, recordó que el INYM ya no tiene facultades para fijar precios mínimos bajo el actual marco normativo.

En ese contexto, el Ejecutivo nacional fue categórico: no se adoptaron medidas de corrección porque la “no intervención” permitió alcanzar indicadores que, según su visión, el modelo regulado no logró.

Pérdidas millonarias y sin asistencia 

Ante la consulta por las pérdidas estimadas en 276.000 millones de pesos y el aumento del 53% en la deuda de los molinos, Nación descartó la implementación de programas específicos de asistencia o rescate.

En su respuesta, la Secretaría de Agricultura destacó que el sector alcanzó “los mejores indicadores comerciales de su historia reciente”, con un récord de exportación de 60.085 toneladas en 2025, lo que implicó un crecimiento interanual del 31,4% y un aumento del 14,9% en el ingreso de divisas.

La estrategia oficial se apoya en el financiamiento general disponible, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para la compra de maquinaria. No obstante, no se anunciaron herramientas focalizadas para afrontar las pérdidas denunciadas por productores.

Además, la administración central defendió la política de desregulación como un mecanismo para transformar el excedente de materia prima en ventas reales, dejando atrás un sistema que según Adorni, promovía la acumulación de stock sin salida comercial.

La señal fue clara: la industria deberá sostenerse mediante acceso al crédito y financiamiento privado, incluso a costa de incrementar su nivel de endeudamiento.

Productores medianos: sin políticas diferenciales 

Otro de los puntos críticos fue la situación de los productores medianos, especialmente aquellos con explotaciones de entre 30 y 40 hectáreas, que dependen de la contratación de mano de obra y presentan alta sensibilidad a los costos.

Frente a ese planteo, el Gobierno nacional no anunció medidas específicas para evitar su desaparición. En cambio, sostuvo que la sostenibilidad del sector está directamente vinculada al dinamismo de la cadena yerbatera y a su inserción en mercados internacionales.

Según la respuesta oficial, el crecimiento de las exportaciones y la recuperación del consumo interno generan una demanda creciente de materia prima. En base a la presentación del Ministro, esto permitiría a estos productores capturar valor en mercados estratégicos

Además, se destacó que la desregulación eliminó las limitaciones a la plantación, lo que según el Ejecutivo, habilita a los productores a expandirse en función de la demanda real.

El respaldo, indicaron, se completa con el acceso a crédito productivo, la mejora en el valor de las exportaciones y la continuidad del Programa Intercosecha. En esa línea, el Gobierno nacional sostuvo que la rentabilidad debe basarse en la eficiencia y no en la asistencia estatal.

La postura nacional no deja margen para interpretaciones: no habrá retorno a la regulación de precios ni políticas diferenciales para sostener a los actores más vulnerables de la cadena. Mientras el Gobierno de Javier Milei apuesta a un modelo de libre mercado, exportaciones y financiamiento privado, desde Misiones con productores, cooperativas y autoridades provinciales continúan los reclamos por herramientas que eviten que la hoja verde se siga pagando por debajo de los costos de producción.