Los mandatarios provinciales ligados a la UCR y el PRO definieron que sus legisladores no respalden las subas en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Se desmarcan así de la postura del kirchnerismo y tienden puentes con Nación.
En un giro de último momento, diez gobernadores aliados a la Casa Rosada, ex Juntos por el Cambio, se diferencian de los peronistas y definieron que sus legisladores solo apoyarán las iniciativas de aumentos de recursos a las jurisdicciones, consensuados por los jefes provinciales. Se desmarcan así de la postura del kirchnerismo, que impulsa iniciativas como el aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, que para este grupo de gobernadores se trata de una “bomba fiscal”.
Estos mandatarios provinciales plantean la importancia de que el Gobierno cumpla con las leyes y les envíen a las provincias los recursos que les corresponden. Advierten: “No queremos romper todo, pero tampoco queremos que nos sigan sacando los recursos”.
El kirchnerismo y el peronismo federal y algunos radicales quieren avanzar con las leyes de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. Y los gobernadores impulsan dos proyectos para que el Gobierno distribuya el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Por el contrario, la estrategia del presidente Javier Milei es la de no negociar y atacar: insultó a los legisladores; sostuvo que la aprobación de esas leyes pone en juego el equilibrio fiscal, hará subir la inflación y el riesgo país y amenazó con vetar esas las leyes, e incluso judicializarlas.
Para entender el desarrollo de lo que ocurrirá a partir de hoy, vale tener en cuenta:
Unión por la Patria liderará la embestida y se comprometió a conseguir el quórum junto con un voto del PRO y algunos radicales. Es la oposición más pura, moviéndose en un año electoral. Sólo luego de que haya quórum entrarán al recinto los senadores vinculados con los gobernadores.
El endurecimiento del Gobierno con los gobernadores frente al reclamo de fondos es la misma estrategia que desplegó para intentar negociar listas con los mandatarios provinciales. El Gobierno parece preferir la rendición antes que la negociación.
Si hoy los gobernadores alineasen a sus senadores y lograsen aprobar sus dos proyectos de ley, la situación no sería terminal: faltaría todavía que las aprueben Diputados. La pregunta es si el Gobierno aprovechará ese tiempo para buscar un acercamiento, al menos con los gobernadores aliados.
Milei puede vetar las leyes que se aprueben y cada cámara del Congreso tiene la atribución de insistir con esos proyectos. El éxito de Milei dependerá de que se ingenie en reunir los 85 héroes que respalden su veto.
Pero en la pulseada gana el Congreso, ya que si insiste con la sanción de la ley, esa norma será promulgada y el Ejecutivo no podrá judicializarla, por más que Milei crea que sí puede hacerlo. La Constitución Nacional es taxativa y bien precisa en el sistema de sanción y promulgación de las leyes y no prevé la intervención de la Justicia.
Por ahora, el ala más dura e intransigente del Gobierno gana terreno sobre la prudencia de negociar.
