Las autoridades cubanas denunciaron que el cerco económico y comercial constituye «una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos» y lo calificaron de «genocidio».
El Gobierno cubano reclamó este jueves el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla al cumplirse 60 años desde que el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, decretara el embargo total del comercio con el país latinoamericano, dándole un carácter oficial a las medidas que ya se aplicaban desde el triunfo de la revolución en 1959.
A partir de la firma de la Proclama 3.447, «la política de cerco y asfixia económica se consolidó como eje central de la estrategia dirigida a coartar el derecho legítimo de los cubanos a defender su soberanía y forjar un proyecto emancipador, ajeno a la dominación imperialista», sostuvo en una nota el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
La principal justificación que usó entonces Estados Unidos para aplicar esta medida fue la relación de Cuba con los países socialistas, argumentando que atentaba contra “los principios del sistema interamericano” y contra la seguridad estadounidense y hemisférica.
«Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países»
Sin embargo, recuerda la nota, el objetivo era “provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) debilitar la vida económica negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, tal como sostuvo el subsecretario de Estado, Lester D. Mallory, del 6 de abril de 1960 en un memorando.
A lo largo de los años, Cuba ha denunciado que el el bloqueo se ha convertido «en el acto de guerra económica más complejo, prolongado e inhumano cometido contra cualquier Nación».
«Sus efectos han limitado las posibilidades de desarrollo económico, al estar diseñado para impedir las relaciones comerciales con terceros países, obstaculizar al máximo las operaciones bancario-financieras, frenar la inversión extranjera y cortar toda fuente de ingresos», añadió la nota, citada por el diario Granma.
En ese sentido, la Cancillería denunció que el bloqueo constituye «una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos» y que califica como un acto de «genocidio» en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948.
Los daños acumulados en estas seis décadas rondan los 150.000 millones de dólares, denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores y agregó que en plena pandemia «la crueldad» llegó a límites insospechados al obstaculizar donaciones solidarias y tratar de entorpecer el desarrollo de las vacunas o limitar la posibilidad de acceder a medicamentos.
Sin embargo, gracias a la «fortaleza del sistema socialista cubano y la unidad del pueblo» se ha evitado el colapso económico y social y se ha alcanzado «un desarrollo humano destacado», según los estándares de Naciones Unidas, aseguró el comunicado oficial.
