La Vicepresidenta realizó dos presentaciones ante la Justicia y la AFIP en las que denuncia la creación de grupos de tareas por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó dos presentaciones ante la Justicia y la AFIP en las que denuncia la creación de grupos de tareas por parte del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, con los que se articuló una «feroz e inédita campaña de persecución» en contra de su persona y su familia.
La actual presidenta en ejercicio, por encontrarse ausente en su gira europea el presidente Alberto Fernández, presentó sendos escritos ante el Juzgado Federal de Río Gallegos y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En su página web, Cristina señaló que a partir de la llegada de Mauricio Macri al poder, en 2015, de «se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…)».
«Para los que todavía no creen en la existencia del Lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos», advirtió.
«En ambos escritos se demuestra la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona», explicó la ex presidenta.
Cristina enmarcó los hechos que denunció dentro del proceso de «Lawfare», cuyo objetivo es, según sus palabras, «la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos».
En ese sentido, remarcó que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno «se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional que articularon una feroz e inédita campaña de persecución» contra ella.
Uno de los escritos fue presentado ante el Juez Federal de Rio Gallegos, mientras que el otro fue recibido por la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.
En el primero, que tiene 73 páginas, la ex presidenta niega «enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución», por lo que pide que se desestime «la ejecución en su totalidad».
En el segundo, con la firma del abogado Carlos Beraldi, solicita la nulidad de «todo lo actuado por la AFIP» y de «los títulos ejecutivos que resultaron de dichos procedimientos».
Además, solicitó que se «abra una investigación administrativa» contra los ex funcionarios del ente recaudador, de cuyos resultados pidió ser notificada «a los fines de efectuar las pertinentes denuncias penales y civiles».
