A pocos días del tratamiento en el Senado del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para el próximo 6 de agosto, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió a responder las críticas que despertó la iniciativa en Misiones, donde distintos sectores políticos, sociales y productivos la identifican como una posible flexibilización de la denominada «ley de extranjerización de tierras».
En una entrevista con Misiones Online, la legisladora y ex ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo que la iniciativa «no facilita la compra de tierras por parte de extranjeros», sino que fortalece la participación de las provincias en el proceso de autorización y mantiene los controles sobre las zonas de frontera.
Bullrich explicó que, debido a que toda la provincia de Misiones integra la zona de seguridad de fronteras, actualmente las autorizaciones para operaciones vinculadas con tierras dependen exclusivamente del Gobierno nacional, mediante un régimen basado en un decreto de 1944.
Según detalló, el proyecto modifica ese esquema al incorporar un «doble conforme»: primero deberá expedirse la provincia y luego la Nación. «Misiones antes tenía un solo control, el del Estado nacional. Ahora tendrá dos. La provincia tendrá la primera palabra para evaluar si una inversión le conviene o no y luego enviará el expediente a la Nación para su aprobación«, afirmó.
Uno de los puntos que generó mayor controversia en la discusión parlamentaria fue la incorporación del denominado «silencio administrativo», que permitía considerar aprobadas determinadas solicitudes si el Estado nacional no se pronunciaba dentro de un plazo establecido.
Bullrich confirmó que esa cláusula fue eliminada durante el tratamiento legislativo. Explicó que no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo y que fue retirada para evitar interpretaciones que habilitaran aprobaciones automáticas por falta de respuesta administrativa.
La senadora aseguró que, con la redacción actual, tanto la provincia como la Nación deberán manifestar expresamente su conformidad para autorizar cualquier operación alcanzada por la normativa.
El proyecto despertó preocupación en distintos sectores de Misiones. Intendentes, organizaciones ambientalistas y referentes vinculados a la producción cuestionaron la iniciativa por considerar que podría favorecer la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y afectar recursos estratégicos como el Acuífero Guaraní, la selva misionera y la frontera agrícola.
Frente a esos cuestionamientos, Bullrich sostuvo que las competencias ambientales continúan siendo exclusivas de las provincias y recordó que el proyecto ratifica los artículos constitucionales que garantizan esa potestad.
«Misiones seguirá teniendo la facultad de proteger sus acuíferos, sus bosques y su selva. La provincia verde no dejará de serlo», afirmó, al tiempo que remarcó que la legislación nacional sobre bosques nativos mantiene vigentes las restricciones al desmonte y al cambio del uso del suelo.
Cambios en usurpaciones, desalojos y expropiaciones
Durante la entrevista, Patricia Bullrich también destacó otros aspectos del proyecto vinculados a la protección de la propiedad privada.
Explicó que las usurpaciones tendrán un procedimiento de desalojo inmediato, mientras que en los casos de desalojos judiciales se mantendrá la intervención de un juez provincial, quien deberá determinar previamente la procedencia de la medida.
En materia de expropiaciones, señaló que la iniciativa establece que el Estado deberá indemnizar previamente al propietario antes de tomar posesión del inmueble, modificando situaciones en las que actualmente las compensaciones pueden demorarse durante años.
La Cámara de Senadores debatirá el proyecto el próximo 6 de agosto. Bullrich se mostró confiada en conseguir los votos necesarios para su aprobación y afirmó que la propuesta «fortalece el federalismo» porque otorga mayor participación a las provincias en las decisiones sobre inversiones en zonas de frontera.
«Lo que tienen que grabarse los misioneros es que a la provincia le queda el poder. Es una ley a favor y no en contra del federalismo», concluyó la legisladora.
En el caso que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada supere la instancia del Senado, pasará a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación, donde nuevamente comenzarán las negociaciones con los diferentes bloques para intentar sancionar la norma.
