El proyecto de Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de discusión en torno al financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El Gobierno nacional propone modificar el sistema vigente y dejar atrás la homogeneidad de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas, un cambio que, de aprobarse en el Congreso, permitiría establecer valores diferentes según el financiador o la jurisdicción.
Para Misiones, la discusión tiene una dimensión particular: la provincia no recibe el adicional del 20% por zona desfavorable reconocido actualmente para la Patagonia y, al mismo tiempo, las distancias y la disponibilidad de determinados prestadores especializados condicionan el acceso a tratamientos.
El cambio aparece en el artículo 39 del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso y modifica el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
La propuesta redefine uno de los principios centrales del esquema actual. El texto establece que la universalidad de las prestaciones no implica necesariamente una homogeneidad de aranceles ni de las modalidades de financiamiento entre jurisdicciones. En cambio, sostiene la existencia de un piso mínimo prestacional común.
En los casos en que el Estado nacional sea responsable del financiamiento, los valores deberán ser determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Si la actualización no se realiza dentro del plazo previsto, quedarán sujetos a lo que determine el Ministerio de Salud tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor.
Del arancel común a una negociación más fragmentada
El cambio no es menor. El Nomenclador funciona como referencia para financiar prestaciones que incluyen transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, rehabilitación y apoyo escolar, entre otros servicios.
Si la reforma prospera, el sistema avanzaría hacia una estructura con mayor diferenciación de valores según quién financie la prestación.
Allí aparece uno de los principales cuestionamientos de prestadores y organizaciones vinculadas con la discapacidad: sin una referencia homogénea, la negociación económica puede quedar más condicionada por la capacidad financiera de cada obra social, prepaga o jurisdicción.
El problema excede el precio de cada prestación. Si los aranceles resultan insuficientes frente a los costos, algunos profesionales, transportistas o establecimientos podrían reducir servicios o directamente dejar de trabajar con determinados financiadores.
En discapacidad, además, la posibilidad de sustituir una prestación por otra más económica suele ser limitada. Rehabilitación, acompañamiento terapéutico, equipamiento adaptado o transporte responden a necesidades específicas de cada persona.
La organización Discapacidad en Alerta Máxima cuestionó la iniciativa y advirtió sobre el riesgo de que las diferencias económicas terminen condicionando el acceso a los tratamientos.
El factor Misiones
La discusión adquiere otra escala cuando se traslada al territorio.
El sistema contempla actualmente un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, pero ese reconocimiento corresponde a las provincias patagónicas. Misiones queda fuera de ese beneficio.
A esa diferencia se suman las distancias que muchas familias deben recorrer para acceder a determinados tratamientos y una oferta de especialistas que no necesariamente tiene la misma densidad que en los grandes centros urbanos.
Por eso, un esquema con mayor dispersión de aranceles podría tener consecuencias distintas según la provincia.
En Misiones, uno de los puntos a seguir será qué valores terminan reconociendo los distintos financiadores y si esos montos resultan suficientes para sostener la oferta existente. Una eventual salida de prestadores no sólo reduciría las alternativas para las familias: también podría trasladar parte de esa demanda hacia el sistema público provincial.
Ese efecto tendría además una dimensión fiscal. Si prestaciones que hoy son cubiertas por obras sociales, prepagas u otros financiadores dejan de encontrar oferta privada suficiente, una parte de la atención podría terminar recayendo sobre hospitales y servicios públicos.
Un sistema que ya llega con atraso
La reforma tampoco parte de un escenario estable. Prestadores del sector vienen señalando desde hace años demoras en los pagos de obras sociales y financiadores, que en algunos casos superan los seis meses.
A eso se suma la discusión por el atraso de los aranceles frente al aumento de los costos. Según las organizaciones del sector, las actualizaciones parciales realizadas durante 2025 y 2026 no alcanzaron para compensar completamente el deterioro acumulado.
Es sobre ese sistema tensionado que el Presupuesto 2027 propone modificar la lógica con la que se determinan los valores.
La discusión que deberá dar el Congreso, por lo tanto, va más allá de una cuestión administrativa. El punto central será cómo garantizar un piso efectivo de prestaciones si los aranceles pueden diferenciarse entre financiadores y territorios.
Para Misiones, el interrogante es especialmente concreto: cómo funcionará ese esquema en una provincia sin el adicional por zona desfavorable que tiene la Patagonia, con mayores distancias para parte de la población y con una disponibilidad más acotada de algunas prestaciones especializadas.
El artículo 39 todavía debe atravesar el debate legislativo. Su redacción final será determinante para establecer cuánto cambia realmente el sistema y qué margen tendrán financiadores y jurisdicciones para definir los aranceles.
