Si bien el presidente Duque retiró la resistida reforma, prometió redactar otra y que el ministro de Hacienda presentó su renuncia, el Comité Nacional del Paro redobló este martes la apuesta.
Pese a la concesión del Gobierno y a casi una semana de la sangrienta represión, el movimiento de protestas no aflojó este martes en Colombia con manifestaciones en diferentes puntos del país, crecientes denuncias dentro y fuera del territorio por el «uso excesivo de la fuerza» de la policía y la convocatoria para mañana de una nueva gran movilización en todo el territorio.
Estudiantes, trabajadores, indígenas y otro grupos de la sociedad civil participaron en manifestaciones y piquetes en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y la caribeña Barranquilla, en una señal de que la convulsión social desatada por la reforma tributaria del Gobierno no terminó, según reportó el diario El Tiempo.
Todo pese a que Duque anunció la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano.
«Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil», subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.
Las reuniones comenzarán este miércoles mismo con presencia de «las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes, asociaciones, el sector privado y a quienes están en las Juntas de Acción Comunal, entre otros», explicó el mandatario.
En paralelo, el frente social convocó a marchar este miércoles porque «la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria» y lanzó un nuevo pliego.con nuevas reivindicaciones, entre ellas el retiro del proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
Los nuevos pedidos son claros: desmilitarizar las ciudades, castigar a los responsables de agresiones contra manifestantes, retirar un proyecto de ley que pretende reformar la salud local en tiempos de crisis por la pandemia y disponer de una renta básica más alta.
«La reforma tributaria fue el motivo para que explotaran todas las inconformidades que tienen las comunidades de este mal Gobierno», explicó a Télam la concejala de la fuerza de izquierda Polo Democrático en Cali, Ana Eroza.
En esa ciudad de 2,2 millones de habitantes, capital del departamento del Valle del Cauca y epicentro de las protestas, se registraron anoche nuevas escenas de represión policial y algunos disturbios, que dejaron al menos tres muertos, según informó la Policía Metropolitana de Cali.
Esta nueva represión fue condenada este martes por la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Incluso la comisión humanitaria, integrada por funcionarios de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la ONU, fueron «acosados y amenazados», subrayó.
También Estados Unidos instó a las fuerzas del orden en Colombia a la «máxima moderación» para evitar más muertes durante las protestas e hizo un llamado al «diálogo político».
Ante estos llamados, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que anoche se registró «una delicada situación de orden público» en Cali y las actuaciones de los agentes se desarrollaron «con base en el respeto de los derechos humanos».
«Nuestra fuerza pública tiene la misión de proteger a los ciudadanos que se movilizan en las marchas sociales, pero tienen que ser implacables con aquellos que usan el vandalismo y acciones de terrorismo que buscan destruir ciudades y afectar la estabilidad en algunas regiones», argumentó.
El Gobierno anunció, asimismo, que enviará más de mil hombres de las Fuerzas Militares y el Ejército para reforzar la seguridad en Cali, militarizada por la fuerte represión y los disturbios que ésta generó desde el inicio de la protestas.
Una respuesta que desde la oposición ven como una estrategia para «deslegitimar la movilización social» y «una toma de la ciudad por parte del uribismo ante un Gobierno local que se ha planteado alternativo», denunció Eroza, en referencia al sector de derecha más dura que encabeza el exmandatario y aliado del actual presidente, Álvaro Uribe.
«Hemos vivido noches de zozobra, mucha represión de la fuerza policial, una violación extrema de los derechos humanos con confrontaciones directas y disparos contra los manifestantes, con un saldo de más de 20 personas que han sido asesinadas en nuestra ciudad», sostuvo.
No obstante, para algunos sectores del oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, la militarización es insuficiente para hacer frente a los disturbios de los últimos días.
Varios congresistas oficialistas pidieron a Duque declarar la denominada conmoción interior -que otrora se conocía como el Estado de sitio-, contemplada en la Constitución en caso de «una grave perturbación del orden público o institucional» que no pueda ser superada con “el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”, reportó el diario El Espectador.
En cambio, para la legisladora de Cali, la única forma de terminar con las protestas es si el Gobierno dialoga con los líderes de la movilización social para entender «la situación nacional».
«No hay otra forma porque el país está cansado del uribismo, que toda la respuesta sea sobre todo militar y, en ese sentido, la gente está super firme en darle continuidad al paro, así se estén arriesgando las vidas» afirmó.
«Los jóvenes han perdido todo, perdieron hasta el miedo y, por eso, están enfrentándose en la calle porque lamentablemente no tienen nada que perder», sentenció.
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal y 89 habrían desaparecido, según un balance de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor de víctimas, como la plataforma Grita, que cifra en 1.181 los casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 3 de mayo, de los cuales 142 fueron de violencia física, 26 de violencia homicida, 56 de disparo de armas de fuego y nueve de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
