A través del Decreto N.º 657, el Gobierno provincial estableció un régimen extraordinario y transitorio que cubre el costo de energía eléctrica y agua potable para centros categorizados que atienden a personas con discapacidad, en respuesta a la interrupción de financiamiento nacional.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso que el Estado provincial asuma el costo de los servicios de energía eléctrica y agua potable de los centros que atienden a personas con discapacidad, ante la falta de transferencias por parte del Estado nacional.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N.º 657, que crea el “Régimen de beneficios para Centros y Establecimientos Categorizados como Prestadores de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad”, con vigencia desde mayo y hasta el 31 de diciembre de 2026.
En declaraciones realizadas la semana pasada, el mandatario había anticipado la decisión al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”, y sostuvo: “vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”.
Asimismo, advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y remarcó la necesidad de intervención estatal: “no podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”.
ALCANCE TÉCNICO DEL DECRETO
La normativa establece que el beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución, mediante transferencias directas a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y cooperativas de la provincia.
El decreto precisa que podrán acceder al régimen los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
Además, se establece que deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente, y se dispone la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas.
La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.
En los considerandos del decreto se advierte que la falta de pago y la acumulación de deudas por parte del Estado nacional generan “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente”, poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
En ese marco, el Gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, en línea con lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad.
Durante sus declaraciones, el gobernador también subrayó el rol del Estado provincial al afirmar que “las personas con discapacidad necesitan una mirada particular del Estado, desde lo humano, lo sensible y lo solidario”, reforzando el criterio que sustenta la medida adoptada.
