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Opinión | Entre votos y pozos

Opinión | Entre votos y pozos

Passalacqua suma respaldo político y apuesta a la gestión. Stelatto, entre reformas electorales y disputas institucionales, enfrenta interrogantes sobre las prioridades de Posadas.

En El Padrino, Francis Ford Coppola retrata un universo donde las decisiones nunca responden únicamente a lo que parece ocurrir en la superficie. Detrás de cada movimiento existen intereses, lealtades y disputas que rara vez se explican en público. La comparación no necesita trasladar los métodos de la ficción a la política misionera para encontrar un punto de contacto: muchas veces, lo importante no es solamente lo que hacen los protagonistas, sino qué intereses se mueven detrás de sus decisiones.

Misiones atraviesa una etapa de reordenamiento político en la que las diferencias comienzan a adquirir formas concretas. Mientras el gobernador Hugo Passalacqua acumula señales de fortalecimiento político y busca sostener una agenda de gestión vinculada con las necesidades cotidianas, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, abre controversias institucionales que parecen responder a una lógica diferente.

Dos maneras de ejercer el poder, en un escenario donde las definiciones hacia 2027 empiezan a pesar sobre las decisiones del presente.

Las primeras señales
La elección docente del jueves dejó un resultado que merece una lectura política más profunda que el simple recuento de votos. El Frente de Docentes Misioneros (FREDOMIS), identificado con el espacio que respalda Passalacqua, se impuso tanto en Primaria como en Secundaria y Superior.

Según los resultados difundidos, obtuvo 4.778 votos frente a 3.444 en Primaria y 3.027 contra 2.362 en Secundaria y Superior. La diferencia resulta significativa por el escenario donde se produjo: un sector atravesado por conflictos salariales, reclamos persistentes y un malestar que algunos dirigentes presentaban como un rechazo generalizado al Gobierno provincial. Passalacqua se involucró personalmente en esa elección. Y ganó.

El resultado tampoco admite exageraciones. Una elección sectorial no anticipa automáticamente el comportamiento de todo el electorado misionero ni significa que desaparecieron los problemas de la educación. Los salarios, las condiciones laborales y las dificultades presupuestarias siguen allí. Pero sí obliga a revisar una interpretación demasiado cómoda: que todo el descontento docente se traduce necesariamente en oposición al Gobierno.

La victoria tiene otro significado. Es el primer triunfo electoral de una propuesta identificada con Movimiento por lo que Viene, bajo la denominación Docentes por lo que Viene. Hasta ahora, el nuevo armado político de Passalacqua mostraba capacidad para reunir dirigentes y construir acuerdos. Esta vez consiguió algo que ninguna negociación de escritorio puede reemplazar: votos.

En paralelo, el gobernador procura sostener una agenda de medidas que impacten sobre la economía familiar. La reducción prevista para 2027 en la base de cálculo del Impuesto Provincial del Automotor, junto con bonificaciones de hasta el 35% para contribuyentes que cumplan las condiciones, apunta a aliviar una carga que pesa sobre muchos hogares.

La continuidad de Ahora Pan, con un precio máximo de referencia de $3.000 por kilo hasta el 15 de diciembre, responde a la misma preocupación. Son herramientas limitadas frente a la pérdida del poder adquisitivo, pero muestran una decisión de intervenir sobre gastos concretos.

También aparece la inversión proyectada en electrificación rural, con una licitación que supera los $33.000 millones y comprende intervenciones en ocho departamentos. Conviene distinguir los anuncios de las realizaciones: una licitación todavía no representa una obra terminada. Sin embargo, llevar energía a las colonias significa ampliar posibilidades productivas, mejorar servicios y reducir desigualdades territoriales.

Ninguna de estas medidas resuelve por sí sola las dificultades económicas de Misiones. Tampoco alcanza con acumular anuncios para garantizar una buena gestión. La verdadera evaluación llegará con los resultados. Pero Passalacqua parece haber comprendido que su construcción política necesita algo más que acuerdos dirigenciales: necesita demostrar capacidad de respuesta.

El triunfo docente le aporta una primera señal electoral. Las decisiones de gestión intentan darle contenido a esa señal. Y ambas cosas adquieren mayor importancia ante la expectativa que despierta el 30 de noviembre, cuando el gobernador podría ofrecer definiciones sobre la etapa que pretende abrir hacia 2027.

Las prioridades de Lalo
En la capital provincial, Leonardo “Lalo” Stelatto parece transitar un camino distinto. El intendente, que durante años construyó su imagen alrededor de las obras y la administración municipal, decidió involucrarse en controversias que desplazan la atención hacia los conflictos institucionales.

La primera tiene como protagonistas a las cámaras del sistema 911. Después de años de funcionamiento, la Municipalidad cuestionó su instalación y abrió una disputa con la Policía de Misiones. La situación resulta llamativa porque esos dispositivos forman parte de una herramienta destinada a prevenir delitos y colaborar con la seguridad de los vecinos.

La seguridad nunca ocupó un lugar especialmente destacado dentro de la estructura municipal de Stelatto. Su administración incluso redujo la jerarquía del área específica, que pasó de secretaría a dirección. Por eso, resulta difícil comprender qué beneficio concreto obtiene Posadas de una confrontación con la institución encargada de buena parte de la prevención del delito.

La respuesta policial incorporó otro elemento incómodo para el municipio. El jefe de la fuerza, Sandro Martínez, afirmó que la Municipalidad mantiene una deuda de aproximadamente $2.300 millones por servicios prestados en controles de tránsito, operativos de alcoholemia y cobertura de eventos.

Se trata de un reclamo que corresponde esclarecer y contrastar con la posición municipal. Pero la pregunta resulta inevitable: antes de intimar a la Policía por las cámaras, ¿no sería razonable explicar qué ocurrió con los servicios que la fuerza asegura haber prestado y todavía reclama cobrar?

El segundo frente es la reforma electoral. Y lo ocurrido durante la penúltima sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de este jueves, merece un capítulo propio.

El proyecto para eliminar la adhesión municipal a la Ley de Lemas llegó al recinto después de una discusión atravesada por contradicciones incluso dentro de los sectores que promovían su aprobación. Las diferencias aparecieron antes de conseguir el dictamen y dejaron al descubierto las dificultades para reunir una mayoría.

A las ocho de la mañana de ese día, el escenario era de siete votos favorables y siete contrarios a la reforma. Todo apuntaba a que Daniel Vigo, presidente del Concejo Deliberante, podría quedar ante la responsabilidad de desempatar. Una situación que recordaba inevitablemente a Julio Cobos y aquella madrugada de 2008, cuando su voto definió el conflicto por la Resolución 125.

Pero un par de horas después, el panorama cambió. Las negociaciones políticas modificaron el escenario inicial y los concejales alineados con Stelatto terminaron acompañando la iniciativa libertaria. La votación concluyó con nueve votos afirmativos y cinco abstenciones.

La secuencia dejó un interrogante que va más allá de los números. ¿Qué ocurrió entre aquella primera proyección de empate y la mayoría que finalmente permitió aprobar el proyecto? La política admite negociaciones, acuerdos y cambios de posición, pero semejante reacomodamiento en cuestión de horas merece una explicación que no se agote en la aritmética legislativa.

La reforma de la Ley de Lemas puede discutirse legítimamente. El sistema admite cuestionamientos y el debate sobre la representación democrática merece profundidad. Lo que resulta menos sencillo de explicar es la oportunidad elegida.

Stelatto llegó a la Intendencia bajo ese mismo régimen y gobernó durante siete años sin convertir su modificación en una prioridad. Ahora, en medio de un reordenamiento del poder provincial, sus concejales contribuyeron a aprobar una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza.

¿Cambió la mirada del intendente sobre el sistema o cambiaron las circunstancias políticas?

A la discusión se suma el costo estimado de una elección municipal separada, que sectores contrarios a la reforma calcularon en unos $2.000 millones, y los cuestionamientos jurídicos sobre su implementación. También aparecen interrogantes sobre los recursos necesarios para afrontar semejante erogación, cuando el presupuesto municipal aprobado para 2027 no contempla una partida específica para ese gasto, según los cuestionamientos conocidos.

Pero hay otra discusión, bastante menos sofisticada y mucho más cercana a las preocupaciones de los vecinos.

En 1973, después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, el Concejo Deliberante de Buenos Aires aprobó una declaración de repudio. Según una anécdota política de aquella época, el Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, convocó al entonces presidente del cuerpo, Miguel Unamuno, para recordarle que la política nacional e internacional correspondía a otras autoridades. Los concejales, le señaló, debían ocuparse del alumbrado, barrido y limpieza.

Más de medio siglo después, aquella definición conserva una vigencia incómoda para la dirigencia municipal. No porque los concejales deban renunciar a discutir asuntos institucionales, sino porque ninguna discusión sobre las reglas del poder puede desplazar las responsabilidades más elementales de un municipio.

Y Posadas ofrece ejemplos de sobra. A las dificultades que enfrentan las familias por las vicisitudes de la economía nacional se suman calles deterioradas, baches y pozos que complican la circulación, un transporte público de colectivos cuestionado por sus deficiencias y un tránsito desordenado, especialmente por la circulación de motocicletas cuyos conductores no demuestran apego por las leyes de tránsito.

Son problemas que afectan todos los días a los vecinos y que requieren respuestas concretas. Ninguno se resuelve modificando la Ley de Lemas.

Después de siete años al frente de la Municipalidad, Stelatto conoce esas demandas. La discusión no consiste en negar la importancia de las reglas electorales, sino en preguntarse por qué una reforma que podría demandar recursos millonarios ocupa semejante lugar en la agenda municipal.

Perón hablaba de alumbrado, barrido y limpieza. Medio siglo después, en Posadas, todavía hay demasiados problemas básicos esperando solución.

La discusión no consiste en negar la importancia de las reglas electorales. Consiste en establecer prioridades. Porque mientras la dirigencia dedica horas a negociar cómo se elegirán los próximos concejales, los posadeños necesitan saber cómo van a circular por sus calles, cuánto tiempo deberán esperar un colectivo y qué respuestas encontrarán frente al desorden del tránsito.

La Ley de Lemas podrá modificar la manera de llegar al poder. Lo que no modifica es la obligación de gobernar.

Sin embargo, detrás de estas controversias aparece una cuestión que excede la discusión administrativa.

Resulta difícil separar los movimientos de Stelatto del reordenamiento político que atraviesa Misiones. El intendente mantiene su alineamiento con Carlos Rovira y, precisamente cuando Passalacqua comienza a consolidar una conducción propia, abre dos frentes de conflicto con instituciones provinciales.

¿Son decisiones autónomas de la administración municipal o expresan una disputa política que se libra desde otros escritorios?

No hay elementos para atribuir instrucciones concretas, pero las coincidencias políticas tampoco obligan a mirar hacia otro lado. Stelatto parece dispuesto a librar batallas que exceden largamente los límites de la Municipalidad. La pregunta es si todas esas batallas son realmente suyas.

El problema no consiste en que existan diferencias entre dirigentes. La política también se construye mediante desacuerdos y proyectos enfrentados. El problema aparece cuando esas diferencias comienzan a condicionar decisiones que deberían justificarse por sus beneficios para la sociedad.

Después de siete años de gestión, el intendente tiene derecho a impulsar las reformas que considere necesarias. Pero también tiene la obligación de explicar sus prioridades, responder por los servicios municipales y demostrar qué beneficios concretos obtendrán los vecinos de sus decisiones.

Porque mientras la dirigencia discute cómo se organiza el poder, los posadeños siguen esquivando pozos, esperando colectivos y tratando de llegar a fin de mes. Y para esos problemas, ninguna rosca política alcanza.

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