José Alperovich, exgobernador de Tucumán, fue citado a indagatoria por la denuncia de abuso sexual presentada en el 2019 por una joven que trabajaba con él y con la que además tenía un vínculo familiar.
José Alperovich, exgobernador de Tucumán, fue citado a indagatoria por la denuncia de abuso sexual en su nombre. Luego de tres reclamos por parte de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), fue llamado a declarar el próximo 20 de abril de este año.
En el 2019, fue presentada la denuncia por abuso sexual contra Alperovich por parte de una joven que trabajaba con él y con la cual tiene un vínculo familiar. El exgobernador es acusado de un total de siente hechos de abuso sexual, dos en Tucumán y cinco en la Ciudad de Buenos Aires.
En mayo del año pasado, la Corte Suprema de Jusitica de la Nación determinó una resolución por la cual expediente pasó a la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, se presentaron nuevas pruebas en las que se lo acusa de otros seis hechos durante el 2018 en la provincia de Tucumán.
Debido a informes y peritajes psicológicos realizados por la Junta Médica y declaraciones de distintos profesionales que tuvieron contacto con la joven, y a su vez, testimonios de personas que declararon sobre el contexto en el que sucedieron los hechos, representantes del Ministerio Público determinaron que el relato de la joven “es diverso y sólido”.
La defensa del exgobernador de Tucumán citaron a un informe realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) que mencionaba que la ubicación del celular no coincidía con lo relatado por la víctima.
Los fiscales expresaron que “se identifican distintos tipos de violencia como la sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación”.
Por otro lado, remarcaron la “relación de asimetría” que mantenían el acusado y la víctima por la “posición de poder que él tenía”, además de “la relación familiar; la diferencia de edad (35 años); y la situación de dependencia laboral de la joven”.
