En Misiones, la reorganización del oficialismo pone a prueba la diferencia entre ocupar el poder y ejercerlo: Passalacqua recupera capacidad de decisión y deberá mostrar resultados. En Brasil, el balotaje entre Bolsonaro y Lula expone la tentación de leer cada elección según simpatías ideológicas. Dos escenarios, una misma pregunta: qué cambia realmente en la vida de la gente.
Hay una diferencia entre ocupar el poder y ejercerlo. Durante mucho tiempo, en Misiones esa distinción parecía innecesaria: las decisiones institucionales y la conducción política del oficialismo respondían a un mismo esquema. El gobernador administraba, la estructura partidaria ordenaba y las diferencias se resolvían dentro de un sistema que rara vez dejaba ver sus contradicciones desde afuera. Ese funcionamiento ofrecía previsibilidad, pero concentraba una cantidad creciente de decisiones en un espacio cada vez más reducido. El escenario cambió y algunas certezas que parecían inamovibles empezaron a perder consistencia.
El gobernador Hugo Passalacqua atraviesa un momento particular de su gobierno. A las dificultades económicas del contexto nacional se suma una reorganización del poder provincial que modifica relaciones, obliga a revisar acuerdos y pone en discusión el papel de dirigentes que durante años ocuparon posiciones centrales dentro del Frente Renovador. La novedad no consiste solo en que existan diferencias, algo habitual en cualquier fuerza política, sino en que esas diferencias dejaron de resolverse exclusivamente bajo una conducción que parecía tener la última palabra sobre todo.
Maurice Closs, exgobernador y referente histórico del espacio, aportó esta semana una definición que difícilmente pase inadvertida. Al referirse a Carlos Rovira, sostuvo que quien conducía al espacio político de manera homogénea, dura y, durante el último tiempo, bastante absolutista, ya no conduce y, especialmente, no conduce al gobernador. La frase tiene el peso de quien conoce desde adentro el funcionamiento de ese esquema y ocupó responsabilidades centrales durante buena parte de su desarrollo. También confirma que la discusión excede una diferencia circunstancial entre dirigentes: está en juego la forma en que se organiza y ejerce el poder político en Misiones.
El punto de ruptura apareció cuando la reorganización del oficialismo empezó a plantearse sin reconocer plenamente el lugar institucional y político del gobernador. La disputa por las candidaturas y por el control de las decisiones dejó a Passalacqua frente a una alternativa con pocas interpretaciones posibles: aceptar una conducción externa sobre su propia gestión o ejercer las atribuciones que le corresponden por el mandato popular. Eligió asumir el control político de su gobierno y, en ese movimiento, encontró acompañamientos que modificaron la relación de fuerzas dentro del espacio.
Conviene evitar una lectura demasiado romántica de este proceso. Las disputas por el poder no son necesariamente luchas entre proyectos virtuosos y estructuras equivocadas. También intervienen intereses, trayectorias personales, aspiraciones electorales y cálculos que forman parte de la política. Pero sería igualmente equivocado reducir lo que ocurre en Misiones a una pelea por nombres y candidaturas. Cuando un gobernador recupera capacidad de decisión frente a una estructura partidaria que durante años condicionó buena parte de la vida institucional, las consecuencias pueden alcanzar al funcionamiento del Estado.
Algunas decisiones recientes permiten observar esa posibilidad. La eliminación de la denominada aduana paralela, el levantamiento de retenciones fiscales sobre operaciones con billeteras virtuales, la revisión de las restricciones vinculadas al glifosato y el proyecto para ampliar las facultades de control del Tribunal de Cuentas sobre empresas con participación estatal intervienen sobre mecanismos que generaban cuestionamientos desde distintos sectores. No todas tienen la misma importancia ni producen los mismos efectos, pero expresan una disposición a revisar políticas que antes parecían difíciles de modificar.
La propuesta de fortalecer los controles sobre las empresas estatales merece una consideración particular. Durante años, una parte de la política confundió la fortaleza de un gobierno con la posibilidad de administrar sus decisiones sin demasiadas preguntas. Sin embargo, ejercer el poder también supone aceptar que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y que quienes los administran deben rendir cuentas. La iniciativa todavía necesita aprobación legislativa y su verdadero alcance dependerá de la aplicación que tenga. Por ahora constituye una decisión política que deberá superar la prueba de los hechos, porque ninguna reforma institucional adquiere valor solamente por su anuncio.
El desafío de Passalacqua consiste precisamente en demostrar que la autonomía política sirve para algo más que modificar la distribución del poder dentro del oficialismo. La sociedad puede observar con interés una disputa entre dirigentes, pero sus preocupaciones cotidianas siguen relacionadas con el salario, el empleo, el endeudamiento y las dificultades para sostener una actividad productiva. Una reorganización partidaria puede cambiar el escenario electoral; una decisión de gobierno debería aspirar a cambiar alguna condición concreta de la vida de las personas.
En ese terreno aparece el incremento salarial del 8,5% para trabajadores públicos y jubilados provinciales, distribuido entre octubre y noviembre. El porcentaje puede resultar insuficiente frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada, pero también representa una decisión presupuestaria en un contexto de recursos escasos. Passalacqua eligió destinar una parte de esos recursos a mejorar los ingresos, con un argumento que merece atención: el salario no termina su recorrido cuando llega al bolsillo de un trabajador, sino que continúa circulando por los comercios, los servicios y las actividades económicas de la provincia.
La trabajadora de Salud Pública que compra alimentos en el almacén de su barrio, el empleado que paga una reparación o la familia que consigue afrontar una cuota pendiente forman parte de un circuito económico que depende de la capacidad de consumo. Cuando los ingresos pierden poder adquisitivo, las consecuencias no se limitan a quienes cobran menos en términos reales. También alcanzan a los comerciantes, a los prestadores de servicios y a las pequeñas empresas que necesitan clientes para sostener su actividad. Esa relación elemental suele quedar relegada cuando la discusión económica se concentra exclusivamente en el equilibrio de las cuentas públicas.
Algo semejante ocurre con la decisión legislativa de regularizar las movilidades jubilatorias adeudadas a los beneficiarios del Instituto de Previsión Social. La norma establece una actualización mínima del 25% en noviembre, del 50% en marzo de 2027 y del 100% en julio de ese año, mediante recursos provinciales y frente a la interrupción de las transferencias previsionales nacionales desde 2024. Se trata de una obligación pendiente que afecta a personas cuyos ingresos difícilmente puedan recuperarse mediante nuevas oportunidades laborales. El cumplimiento de ese cronograma será la verdadera medida de una decisión que reconoce un reclamo concreto.
La provincia también mantiene la obra pública como parte de su política económica. Durante 2026 se entregaron 431 viviendas, otras 338 permanecen en construcción y está prevista la adjudicación de 66 unidades entre octubre y noviembre. Detrás de esas cifras existen necesidades habitacionales, pero también trabajadores de la construcción, proveedores, comercios y empresas que participan de una actividad con capacidad para movilizar distintos sectores. La inversión pública no reemplaza por sí sola al desarrollo privado, aunque puede contribuir a sostenerlo cuando las condiciones generales de la economía reducen las posibilidades de inversión.
La discusión adquiere características particulares en una provincia fronteriza como Misiones. Una empresa que produce en Posadas, Oberá, Eldorado o Puerto Iguazú no enfrenta necesariamente los mismos costos que otra instalada cerca de los principales centros de consumo del país. La distancia, la logística, la energía, las tasas de interés y la competencia con los mercados vecinos forman parte de una realidad que no desaparece por decreto. Cuando una pyme cierra, puede tratarse de errores empresariales, pero también de condiciones económicas que vuelven inviable una actividad que antes conseguía sostenerse. Reducir todos esos casos a una supuesta incapacidad para competir supone desconocer buena parte del funcionamiento de las economías regionales.
Por eso importa la gestión provincial para prorrogar el régimen que permite compatibilizar determinadas prestaciones sociales con el empleo rural temporario registrado. En Misiones, donde la cosecha de yerba mate y otras actividades dependen de ciclos productivos, la continuidad de esa protección resulta especialmente sensible para los tareferos y sus familias. La formalización del trabajo no debería convertirse en una amenaza de pérdida inmediata de ingresos indispensables durante los períodos sin ocupación. El problema de fondo sigue siendo cómo generar condiciones para que el trabajo permita sostener una vida digna, incluso en actividades donde la estacionalidad forma parte de la producción.
La agenda provincial incluye además obras de caminos e iluminación en San Javier, el programa Gabinete en los Barrios en Itaembé Guazú y la asistencia a familias afectadas por los temporales. Son intervenciones que difícilmente ocupen el centro de las grandes discusiones políticas, pero tienen una importancia concreta para quienes necesitan trasladarse, recuperar pertenencias o conseguir una respuesta de la administración pública. El Estado no se vuelve eficiente solamente porque gasta menos, del mismo modo que tampoco alcanza con gastar más para garantizar buenos resultados. Su funcionamiento debe evaluarse por la capacidad de utilizar los recursos disponibles para resolver problemas reales.
Sin embargo, la reorganización del oficialismo misionero también empieza a mostrar tensiones que no pueden quedar disimuladas detrás de la agenda de gestión. La aparición de nuevos espacios partidarios y las versiones sobre eventuales candidaturas alternativas, entre ellas la de Leonardo Stelatto, introducen interrogantes sobre el futuro de una fuerza política que durante años encontró en la unidad una de sus principales herramientas electorales. Toda expresión tiene derecho a competir y presentar su propio proyecto, pero también resulta legítimo preguntarse qué objetivos persigue cada construcción y qué diferencias concretas ofrece a los ciudadanos.
La posibilidad de que dirigentes provenientes de una misma historia política terminen enfrentados en las urnas no constituye por sí misma una anomalía democrática. La competencia puede ampliar las opciones y obligar a discutir ideas que antes permanecían dentro de una estructura cerrada. Otra cuestión es que esas candidaturas consigan explicar qué proponen, qué cambiarían y por qué consideran necesario construir una alternativa. La fragmentación puede modificar la distribución del voto y beneficiar indirectamente a otros espacios, incluida La Libertad Avanza, pero ese cálculo electoral no debería convertirse en un argumento para impedir la participación de nadie.
Más delicadas resultan las denuncias legislativas sobre presuntas presiones a trabajadores contratados de la Municipalidad de Posadas para obtener afiliaciones partidarias. Los señalamientos requieren esclarecimiento y no corresponde presentar como comprobados hechos que todavía necesitan una investigación. Pero el principio que aparece detrás de la denuncia merece una definición clara: ningún empleado público debería sentir que la continuidad de su trabajo depende de incorporarse a una organización política. El empleo no puede utilizarse como instrumento de disciplinamiento partidario, independientemente de quién gobierne o de qué sector pretenda beneficiarse.
Ese es, probablemente, uno de los exámenes más importantes para la nueva etapa que atraviesa Misiones. La apertura política no consiste solamente en reemplazar una conducción por otra, ni en permitir que algunos dirigentes recuperen protagonismo. También requiere aceptar la existencia de diferencias, reconocer la legitimidad de quienes piensan distinto y abandonar prácticas que confunden la pertenencia partidaria con la administración del Estado. De lo contrario, el cambio puede terminar limitado a los nombres de quienes toman decisiones, mientras los mecanismos de poder permanecen intactos.
Passalacqua administra esta transición sin convertir cada diferencia en un enfrentamiento público. Esa prudencia puede contribuir a evitar una ruptura más profunda dentro del oficialismo, aunque también obliga a definir con claridad hasta dónde llega la renovación que pretende impulsar. Porque una conducción política no se consolida solamente por la debilidad de quienes antes ejercían el control. Necesita construir una legitimidad propia, sostener acuerdos y demostrar que sus decisiones responden a prioridades reconocibles para la sociedad.
La economía agrega una exigencia que ningún reordenamiento partidario puede postergar. Misiones necesita empleo privado, inversiones, actividad industrial y mejores condiciones para sus productores. También necesita sostener servicios esenciales y encontrar recursos para obras que resultan indispensables en una provincia cuya geografía condiciona buena parte de su desarrollo. La autonomía política ofrece margen para decidir, pero no garantiza que esas decisiones sean acertadas. Esa diferencia importa porque el respaldo que puede generar una ruptura con viejas estructuras no necesariamente alcanza para sostener una gestión si los problemas cotidianos continúan agravándose.
Hay además una dimensión territorial que suele quedar fuera de las discusiones nacionales. Misiones comparte frontera con tres estados brasileños —Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul— y mantiene con ellos vínculos comerciales, familiares y culturales que atraviesan generaciones. Para buena parte de la provincia, Brasil no representa solamente un país vecino, sino una presencia cotidiana. Por eso las decisiones políticas y económicas brasileñas también merecen atención desde Misiones: lo que sucede del otro lado de la frontera puede influir sobre el comercio, la producción, el empleo y las oportunidades de una provincia cuya geografía impone una cercanía que ningún discurso político consigue modificar.
En definitiva, el desafío provincial no pasa únicamente por determinar quién conduce lo que fue el Frente Renovador, quién conserva influencia sobre las candidaturas o qué dirigentes consiguen posicionarse para 2027. La cuestión más importante consiste en establecer para qué sirve el poder que ahora se reorganiza y qué resultados puede ofrecer a una sociedad que enfrenta dificultades económicas cada vez más complejas.
Passalacqua tomó decisiones que modificaron el funcionamiento político del oficialismo y comenzó a revisar mecanismos de gestión que durante años parecían inalterables. También dispuso medidas económicas y sociales que buscan sostener ingresos, acompañar actividades productivas y atender necesidades concretas. Ninguna de ellas garantiza por sí misma una recuperación económica ni resuelve las dificultades estructurales de Misiones. Pero todas permiten discutir una cuestión que excede la disputa entre dirigentes: la responsabilidad de transformar la autoridad institucional en decisiones capaces de producir resultados.
Porque la verdadera diferencia entre conducir una estructura política y gobernar una provincia aparece cuando las decisiones dejan de medirse por la obediencia que consiguen y empiezan a evaluarse por sus consecuencias sobre la vida de la gente.
El peso de la realidad
Las elecciones brasileñas vuelven a plantear una discusión que buena parte de la dirigencia política latinoamericana en general y la argentina en particular, suele evitar: interpretar los resultados según las simpatías ideológicas antes que observar qué ocurre en la vida cotidiana de los votantes. Cuando gana un candidato cercano, se celebra la democracia; cuando gana el adversario, aparecen advertencias sobre el futuro, sospechas sobre los medios y explicaciones que rara vez incluyen una revisión de los errores propios.
El balotaje brasileño, según el escenario que reflejan las encuestas disponibles, enfrenta a Flávio Bolsonaro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La paridad que muestra Datafolha —un empate técnico— aconseja prudencia: los sondeos son fotografías de un momento, con márgenes de error y límites, no sentencias anticipadas. Esa cautela vale tanto para quienes daban a Lula como favorito como para quienes ahora extraen conclusiones definitivas de una primera vuelta.
Brasil es la principal economía de América Latina y lo que ocurra allí tendrá efectos regionales. Pero esa relevancia no justifica pronósticos alarmistas ante una eventual derrota de Lula, ni autoriza a trasladar mecánicamente las disputas políticas argentinas a una realidad diferente. La comparación con la Argentina puede iluminar un principio general —los gobiernos se juzgan por resultados—, pero no sirve para predecir el caso brasileño.
La economía brasileña tiene una estructura productiva que la Argentina perdió en décadas de marchas y contramarchas. Su política industrial no nació con Lula ni depende exclusivamente de su continuidad: se desarrolló a través de gobiernos de distinto signo, incluso de administraciones que compitieron contra el actual presidente, y que también le ganaron en el pasado. Esa continuidad relativa explica parte de la fortaleza brasileña y permite entender por qué un cambio político no necesariamente altera de inmediato toda la estructura económica. Los gobiernos cambian prioridades, inversiones y regulaciones, pero Brasil no comienza de cero cada cuatro años. La Argentina, en cambio, tiende con demasiada frecuencia a comportarse como si la historia económica debiera reiniciarse con cada administración.
La simpatía por Lula no debería impedir examinar su gestión. Aquí los datos pesan más que las etiquetas: alrededor del 82% de los hogares brasileños tiene algún tipo de deuda y se estima que unos 81 millones de personas están en situación de morosidad. Las causas son múltiples: tasas de interés de referencia en torno al 13,75%, proliferación de apuestas digitales y casinos en línea, precariedad laboral, acceso fácil al crédito digital a través del celular y métodos de pago instantáneos como el Pix y aumento generalizado del costo de vida y la inflación. El gobierno de Lula impulsó un plan mediante decreto —con iniciativas como el programa Desenrola y nuevas compras de carteras— para que el Estado adquiera deudas bancarias antiguas de los ciudadanos con descuentos de hasta el 90%, con el objetivo de sanear hasta 150.000 millones de reales en compromisos morosos y beneficiar a millones de familias. Además, se decretó la prohibición de las apuestas online y se reforzaron programas de asistencia social como Bolsa Família. Ese cuadro obliga a matizar dos lecturas fáciles: no permite sostener que el gobierno no hizo nada, pero tampoco que la simpatía política alcance para explicar o resolver un problema de esa magnitud. La política puede cambiar prioridades, regulaciones y ayudas; la realidad muestra si esas medidas alcanzan.
Como se señaló la semana pasada a propósito del 17 de octubre y la lealtad peronista, la fidelidad a una idea no debería impedir revisar los resultados de quienes gobiernan en su nombre. Esa reflexión no necesita repetirse aquí; basta retener la regla general: las identidades políticas pueden explicar una preferencia, pero no eliminan las consecuencias de una economía que no ofrece las respuestas esperadas.
Hay una costumbre extendida en ciertos sectores de la dirigencia y de la comunicación: si el voto acompaña al candidato propio, se lo presenta como sabiduría popular; si favorece al adversario, se lo atribuye al engaño, la manipulación o la ignorancia. Es una interpretación conveniente, pero difícil de sostener cuando esos mismos dirigentes vuelven a recorrer barrios y ciudades para pedir el voto a quienes antes cuestionaron. La democracia no exige compartir las mismas convicciones; exige aceptar que la sociedad puede elegir alternativas incómodas. Las redes sociales influyen, los medios intervienen y las campañas buscan instalar interpretaciones favorables, pero reducir millones de decisiones individuales a una operación de manipulación empobrece la comprensión del comportamiento electoral.
En Brasil, además, hay una derivación que Javier Milei debería observar con atención. El presidente argentino celebra la posibilidad de una victoria de Flávio Bolsonaro, una alternativa ideológicamente cercana a su propia posición y a la del presidente de EEUU, Donald Trump. Sin embargo, en política internacional las simpatías personales no siempre producen las consecuencias esperadas. Milei disfruta de una relación privilegiada con Trump, lo que le permite ocupar un lugar particular en el escenario latinoamericano, especialmente frente a un Brasil gobernado por Lula. Una eventual llegada de Bolsonaro modificaría parte de ese escenario: Trump encontraría un interlocutor ideológicamente cercano al frente de la principal economía regional, un país con mayor peso industrial, comercial y geopolítico que la Argentina. No se trata de imaginar que Bolsonaro desplazará automáticamente a Milei, ni de confundir cercanía ideológica con importancia estratégica. Las relaciones internacionales responden a intereses más amplios, pero una coincidencia política entre Washington y Brasilia podría abrir nuevas posibilidades de cooperación y alterar el equilibrio regional. La paradoja es que el resultado que entusiasma políticamente a Milei también podría obligarlo a revisar algunas ventajas de su posición actual.
Por eso las elecciones brasileñas merecen una mirada menos apasionada y más atenta. Ni una victoria de Lula garantiza por sí misma la continuidad de todos los aspectos positivos de su gobierno, ni una eventual llegada de Bolsonaro implica necesariamente el derrumbe de la economía o de las instituciones brasileñas. Las decisiones de quien resulte electo tendrán consecuencias y deberán juzgarse por sus resultados.
El problema de interpretar cada elección como una batalla definitiva entre buenos y malos es que desaparece lo que debería ocupar el centro de cualquier discusión política: la vida de las personas. Los gobiernos no pueden pedir reconocimiento permanente por sus intenciones, del mismo modo que los ciudadanos no tienen obligación de sostener indefinidamente a quienes alguna vez despertaron sus expectativas.
Brasil elegirá presidente y la región deberá convivir con esa decisión. Después llegarán los discursos, las celebraciones, las advertencias y las interpretaciones que intentarán acomodar el resultado a las convicciones de cada sector. Pero detrás de los candidatos, las encuestas y las disputas ideológicas queda una pregunta menos espectacular y más importante: cuánto cambia realmente la vida de la gente cuando cambia un gobierno y cuánto mejora cuando quienes gobiernan consiguen transformar sus promesas en resultados. Las ideologías pueden explicar lo que un dirigente pretende hacer; la realidad termina mostrando lo que efectivamente consigue.
