El oficialismo en el Senado logró dictaminar sin cambios el proyecto de ley para reconfigurar el régimen de Zona Fría, achicando el mapa de subsidios al gas pero asegurando apoyos del Norte Grande a través de compromisos para compensar a los distritos cálidos mediante mayores beneficios en el consumo eléctrico. En un plenario marcado por la tensión financiera con las distribuidoras, la Cámara Alta dejó la iniciativa al borde de convertirse en ley en la próxima sesión.
En una jornada decisiva para la política energética del país, el oficialismo logró firmar dictamen en las comisiones del Senado para avanzar con la reforma de la Ley 25.565 de Zona Fría. Aunque el tema había permanecido fuera de la agenda legislativa durante los últimos meses, La Libertad Avanza consiguió mantener la redacción aprobada previamente en la Cámara de Diputados con 132 votos afirmativos, evitando modificaciones que hubieran obligado a reenviar la propuesta a la Cámara Baja. Con este resultado, el texto quedó habilitado para su tratamiento en una eventual sesión de la próxima semana.
El avance parlamentario se concretó de manera simultánea a una serie de negociaciones de alto nivel llevadas a cabo por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores del norte argentino. Pese a que el Poder Ejecutivo perdió votos clave de legisladores pertenecientes a provincias que dejarán de percibir el beneficio del gas subsidiado —como ocurrió con aliados de Mendoza y La Pampa—, logró compensar el esquema de alianzas destrabando la votación con el apoyo de las provincias norteñas.
El reclamo de Passalacqua y gobernadores del NEA y NOA
El trasfondo de esta articulación política responde a los reclamos que las provincias del NEA y NOA vienen sosteniendo frente a la Casa Rosada. En el marco de las gestiones del Norte Grande, gobernadores de la región —entre ellos el mandatario de Misiones, Hugo Passalacqua— venían reclamando un trato equitativo que atienda las altas temperaturas y la falta de redes de gas natural en el norte del país. En la 24ª Asamblea de Gobernadores realizada en Posadas y en reuniones posteriores con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Santilli, la Nación se comprometió a ampliar los subsidios al consumo eléctrico en las zonas cálidas y muy cálidas. Dicho esquema prevé cubrir hasta 500 kWh mensuales subsidiados en los seis meses de mayor calor (de noviembre a abril) y hasta 300 kWh en el período restante, buscando formalizarse mediante una resolución de la Secretaría de Energía.
Durante el plenario en la Cámara Alta, la senadora radical por Chaco, Silvina Schneider, hizo explícito este nexo al señalar la existencia de un «acuerdo realizado por el Ejecutivo nacional hacia los gobernadores norteños». Asimismo, la legisladora consultó a las autoridades si los recursos para financiar los subsidios eléctricos en los distritos cálidos provendrían de los fondos estimados en cerca de 400 millones de dólares anuales que el Estado prevé ahorrar con el recorte de la Zona Fría.
Al respecto, la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, rechazó que los fondos liberados tengan ese destino directo y aclaró que la prioridad presupuestaria es sanear las deudas del sistema. «Estamos debiendo tres meses de subsidios a las distribuidoras de energías», enfatizó la funcionaria, defendiendo el reordenamiento al sostener que debe haber un esquema enfocado exclusivamente en las familias de menores ingresos. «No puede haber subsidios generalizados, es injusto y lleva a la ineficiencia de la energía», argumentó Tettamanti al cuestionar la norma aprobada en 2021, a la que definió como «una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero que no tenía racionalidad».
Las declaraciones generaron resquemores en los pasillos de la Cámara Alta. «Esa guita se va a ir toda a las compañías, es mentira que van a ir a subsidios», recriminó un legislador opositor. El plenario se desarrolló sin la presencia de senadores del bloque de Unión por la Patria, varios de los cuales representan a provincias que podrían beneficiarse con el régimen de Zona Cálida. No obstante, en la oposición crece el escepticismo sobre si el alivio eléctrico llegará efectivamente a distritos sin sintonía política con la gestión nacional, como Formosa. En esa línea, la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) reclamó mayor previsibilidad: «Sería mucho más transparente que quede incluida en la norma cualquier tipo de compromiso que el Ejecutivo haya tomado».
Los detalles del nuevo esquema
La iniciativa impulsada por el Gobierno libertario recorta sustancialmente el mapa dibujado en la ampliación del año 2021 (que había sido sancionada con 190 votos a favor en Diputados y 51 en el Senado), la cual abarcaba a más de 3 millones de hogares en diez provincias y otorgaba descuentos de entre el 30% y el 50% en facturas de gas a regiones de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. Con el nuevo proyecto, estos distritos quedan excluidos del régimen.
La nueva redacción establece que los beneficios de la Zona Fría se mantendrán acotados mediante el vigente esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), dirigido exclusivamente a usuarios de bajos recursos dentro de las regiones que permanezcan en el sistema, extendiéndose también a personas con discapacidad y excombatientes. No obstante, el beneficio aplicará únicamente sobre el consumo de gas de los hogares vulnerables, dejando fuera de los descuentos a los cargos fijos y a las tarifas de transporte y distribución, componentes que representan cerca del 60% del costo total de la factura.
Por otro lado, el artículo 4° del proyecto dispone que el Estado destinará fondos a la «cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)». A cambio de este saneamiento, las empresas deberán renunciar formalmente a la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos que mantienen con el Estado nacional derivados de la declaración de emergencia. Según Tettamanti, una vez saldadas estas deudas, las alícuotas cobradas a los usuarios en las facturas podrían reducirse del 7,5% actual al 5,85%.
Finalmente, la reforma modifica aspectos normativos clave del sector energético: en su artículo 8°, quita al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) la facultad de «limitar el traslado» de costos a los usuarios en contratos cuyos precios acordados excedan los valores negociados por otros distribuidores en condiciones equivalentes. Asimismo, el proyecto deroga formalmente los artículos que daban marco al antiguo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
