Son una decena de entidades que trabajan para la inclusión de personas con discapacidad, protección animal, veteranos de Malvinas (entre otros) que apoyan un proyecto legislativo.
El autor del proyecto, el legislador Isaac Lenguaza, lo presentó el año pasado pero la iniciativa sigue en estudio. Por eso, las entidades que nuclean a un amplísimo sector afectado por la pirotecnia de estruendo decidieron darle impulso con una serie de reuniones con los demás bloques legislativos, con el objeto de conseguir el consenso necesario para su aprobación.
En la pasada sesión parlamentaria, los referentes de las asociaciones estuvieron frente al Palacio legislativo para expresar el fuerte interés en la futura norma, que prohibiría el uso de la pirotecnia sonora con efecto de estruendo, la más dañina de todas. Volverán a estar en la sesión de este jueves y en todas las que quedan antes del final del período.
Las asociaciones que impulsan la iniciativa (que prevé la reforma del Código contravencional) están juntando firmas en distintos puntos de la provincia para apoyar el proyecto. Además, siguen sumando organizaciones. Las planillas para las firmas están en manos de las ONGs Creando puentes de inclusión, Asociación misionera de asistentes y acompañantes terapéuticos, Fundación Ser Ángeles Guardianes, Asociación Arte Uno, Asociación Civil Yayará en acción; Libre relincho, Asociación Civil Adoptame Misiones, Ministerio de Derechos Humanos, Asociación Civil de Paracaidistas de Malvinas y Otras armas de Misiones; entre otras.
Entre los apoyos concretos a la iniciativa, ya lograron los compromisos públicos del vicegobernador y gobernador electo Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables Juan Manuel Díaz; la ministra de Derechos Humanos Tiki Marchesini y diputados de diferentes bloques.
Pese a tanto apoyo, la futura Ley choca con los intereses económicos de los proveedores de estos artilugios que dañan la salud, que ya intentaron frenar iniciativas similares en otros lugares del país.
Sin embargo, según explicó Lenguaza, “hay una responsabilidad del Estado para con la salud pública, una responsabilidad que no se puede eludir con la excusa del interés económico de un pequeño grupo”. “Acá hay niños con alguna condición como el autismo, el rett y otros síndromes, que tienen verdaderos ataques de pánico con la pirotecnia de estruendo; hay abuelos con problemas cardíacos, personas con hipersensibilidad auditiva, veteranos que reviven el trauma, animales seriamente dañados y hasta niños y adultos quemados que deben ser atendidos cada año en el sistema público de salud. En tiempos de incendios, la pirotecnia también es una de sus causas. La lista de las afectaciones es más larga que los intereses económicos”, finalizó.
