El embajador Oyarzábal presentó un fuerte reclamo ante las autoridades del máximo órgano de Justicia para que se actúe con determinación para frenar la intimidación de grupos que responden al régimen chavista. Exigió que se otorguen los salvoconductos para sacar a los asilados
El gobierno de Javier Milei denunció hoy a la dictadura de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por el asedio y las amenazas que sufren los asilados en la residencia del Embajador de la Argentina en Caracas por grupos de la policía política del régimen venezolano. El encargado de presentar la situación ante el tribunal fue el embajador en los Países Bajos, Mario Javier Oyarzábal, quien leyó una fuerte declaración para exigir que se actúe con determinación para frenar esas acciones violentas.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”, afirmó el diplomático. La presentación fue realizada debido a un agravamiento de la situación: agentes del régimen cortaron la luz y el agua y tienen rodeada el inmueble.
En la embajada se encuentran Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el mayor bloque opositor, y Pedro Urruchurtu Noselli.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, consideró el diplomático argentino.
El embajador Mario Javier Oyarzábal destacó que la misión diplomática en Caracas “ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores no armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro. Actualmente, la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos”.
“No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados. Exhortamos a esta Corte a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia”, consideró.
Y concluyó: “La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.
Una situación desesperante
Un video difundido por Magalí Meda y que difundió Infobae expuso las precarias condiciones en las que se encuentran ella y los otros cinco asilados opositores desde marzo. El material, grabado durante la madrugada, muestra un entorno oscuro donde apenas se distinguen árboles, nubes y algunas luces a lo lejos, mientras Meda narra los detalles de la situación.
“Tememos 10 días hoy así. Ahí abajo, lo que se puede ver, un carro pasando ahora y las luces detrás de esa pared y las luces del DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Bolivariana),” describió Meda en el video, señalando la presencia constante de las fuerzas del régimen. Según la dirigente, una patrulla del DAET mantenía bloqueado el acceso a la embajada, que permanece sin agua ni electricidad desde hace 10 días.
Ante esta situación, la dirigente opositora María Corina Machado calificó las condiciones de los asilados como “tortura” y llamó a la comunidad internacional a intervenir de inmediato. “El mundo democrático debe actuar ya,” afirmó a través de redes sociales. Horas después, el gobierno argentino fue a la Corte Penal Internacional para pedir la intervención del sistema multilateral de Justicia.
