El jueves por la tarde, la Ministra de Derechos Humanos Lilia «Tiki» Marchesini y el equipo técnico – social de la Defensoría del Pueblo, concurrieron al barrio por pedido de uno de los vecinos.
En la oportunidad, los presentes denunciaron que son aproximadamente 25 familias, con niños y discapacitados, y que les cortaron el agua hace «un mes y medio», obligándolos a provisionarse en casa de conocidos o amigos, de otros lugares.
La falta de regularización de tierras, de la que se desprende el no acceso al agua potable y demás servicios (entre ellos cloacas) es una problemática cada vez más recurrente en la ciudad capitalina. Aunque todos afirmaron tener el Permiso de Ocupación del ANSES (RENABAP) al estar «ubicados en el tramo final del barrio…tenemos pozos pero no podemos tomar de ese agua, porque los días de lluvia se inunda todo y se contaminan, necesitamos que hagan las conexiones como corresponde» sostuvieron.
Se suma al drama, desagües tapados y grandes caños ( provenientes de un galpón donde resguarda los automotores, una reconocida concesionaria posadeña) que vierten todo el contenido afuera provocando aún más, complicaciones para las familias que residen sobre la calle ex ruta 12.
Al momento, se inició un expediente en la Defensoría del Pueblo y se prevee llevar adelante una Mesa Interinstitucional la semana próxima, junto a los organismos pertinentes; a los fines de evaluar posibles soluciones y delimitar acciones concretas, para resolver la problemática.
