El oficialismo impulsa esta semana en el Congreso el tratamiento de la reforma laboral en el Senado y del nuevo Régimen Penal Juvenil en Diputados, en el marco de las sesiones extraordinarias.

El Congreso de la Nación tendrá una semana con debates sobre dos proyectos impulsados por el oficialismo: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Las iniciativas serán tratadas en el marco del período de sesiones extraordinarias.

El miércoles, el Senado tratará el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, que busca obtener media sanción. La versión final del texto se conocerá durante la sesión en la que se someterá a votación. La convocatoria fue realizada para las 11 por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Entre los puntos incluidos en la iniciativa laboral figuran modificaciones en el régimen de contratación, el sistema de indemnizaciones, la posibilidad de implementar bancos de horas, el pago de sueldos en especie y cambios en el esquema de vacaciones. También contempla un capítulo fiscal que incluye modificaciones en el impuesto a las Ganancias para empresas. Además, el proyecto propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes patronales, destinado a cubrir indemnizaciones por despidos sin causa.

Por su parte, el jueves la Cámara de Diputados debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar a 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto establece un sistema de sanciones graduadas según la gravedad del delito e incorpora medidas alternativas a la prisión, como servicios comunitarios, programas educativos, reparación del daño y tratamientos psicológicos.

La iniciativa también fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y dispone que la privación de la libertad se aplique en institutos especializados, sin contacto con detenidos adultos. El cronograma legislativo prevé que entre martes y miércoles se conformen las comisiones que tratarán el proyecto y se emita el dictamen correspondiente.

Además, el texto contempla que el Estado nacional absorba parte del costo fiscal que implique la implementación del régimen en las provincias que adhieran. En caso de obtener aprobación en Diputados, el proyecto deberá ser tratado posteriormente en el Senado para su sanción definitiva.