Esta semana el staff y la misión argentina que viajó a Washington revisarán el margen para el 3,3% de déficit fiscal que propone Guzmán para el 2022.
La agenda económica de la semana va a estar atravesada por las discusiones que la misión que el Gobierno mandó a Washington este sábado mantenga con el staff del Fondo Monetario, en las que se espera que se revisen dos puntos principales del programa: el financiamiento del déficit del 3,3% del PBI y el realismo de avanzar con un presupuesto que da por hecho una inflación anual menor al 35% en 2022, cuando las expectativas de inflación para el año próximo no bajan del 52%.
Como adelantó LPO, las metas acercadas por Guzmán fueron recibidas como «voluntaristas» y con exceso de optimismo respecto de las posibilidades concretas de alcanzarse, en especial las del año próximo que, con una inercia inflacionaria arriba del 50%, se proponen un 33% de inflación cuando todavía falta que el dólar se acelere para frenar la salida de reservas y, además, haya que subir tarifas.
Dos cosas ya son certezas: en primer lugar, como adelantó Miguel Pesce este miércoles en la UIA, no estaba ni en las proyecciones del Gobierno ni en las del FMI que la Argentina terminara de recuperar durante 2021 todo lo perdido en 2020 en materia de actividad. Esto obliga a revisar en términos de porcentaje del PBI cuál será el déficit máximo aceptado. El 3,3% del PBI de déficit primario, medido sobre un PBI 2,5 puntos porcentuales mayor, también requiere más financiamiento nominal que el presupuestado originariamente. Si se suman los intereses de deuda, el déficit financiero o total asciende al 4,9% del PBI el año próximo.
En este sentido, las dudas se posan sobre cuál va a ser el financiamiento monetario máximo que tolere el FMI para empezar a desembolsarle al Gobierno dinero con el que cubrir los pagos a partir de junio. Los números de Guzmán hablan de un cubrir 2,4% del PBI con dinero fresco de organismos multilaterales y otro 1,8% con emisión. Esta cifra, si bien supone reducir a la mitad el financiamiento monetario, difícilmente esté dentro de los límites tolerables por el FMI.
Como adelantó LPO, las metas acercadas por Guzmán fueron recibidas por el Fondo como «voluntaristas». En especial la meta para el 2022 de un 33% de inflación la Argentina tiene una inercia inflacionaria arriba del 50% y falta subir tarifas y acelerar la devaluación.
La segunda certeza es que el Congreso no recibirá esta semana el plan plurianual, tal y como prometió Alberto Fernández tras las elecciones. Él mismo se encargó de anunciar la dilación en los planes ante la UIA este último jueves al asegurarles a los industriales que antes de cerrar con el FMI es necesario que el organismo presente la evaluación ex-post del crédito por 44.000 millones que de desembolsó en 2019.
Es que el vocero del organismo le puso fecha para el 20 de diciembre a la revisión por parte del Directorio de la auditoría que en febrero comenzó el economista noruego Odd Per Brekk a pedido de Kristalina Georgieva. De hecho fue la misma directora ejecutiva del organismo quien aseguró el viernes último que «falta mucho por hacer».
Brekk, director regional del FMI para la región de Asia y el Pacífico lleva 34 en el organismo, responde directamente a Georgieva y es un defensor de los equilibrios fiscal y monetario. Y si bien -como lo evidencia la evaluación del crédito a Grecia en 2012- el FMI ya dejó de respaldar ajustes bruscos, en las evaluaciones sí se analiza la adecuación del crédito al diagnóstico de las razones de la crisis de balanza de pagos y el éxito del programa para alcanzar los objetivos.
En líneas generales, las evaluaciones se realizan entre dos y cinco años después de la entrada en vigencia de los programas, por lo que el caso argentino sería una evaluación «precoz» en la medida en que fue ordenada antes del año y medio de comenzados los desembolsos. Y también en general el resultado de las evaluaciones ex-post muestran por amplia mayoría un funcionamiento satisfactorio para frenar las crisis de balanza de pagos. No así, la implementación de las correcciones y las reformas estructurales exigidas, que suelen demorarse o directamente no concretarse por las limitaciones políticas internas de cada país.
El giro del FMI de los últimos años radicó no tanto en pedir menos ajuste, sino en pedir mejores políticas de gasto público: menos subsidios económicos generalizados, reformas previsionales e impositivas, más políticas de contención social para la población más vulnerable y priorizar el gasto en obras de infraestructura para potenciar exportaciones.
En este sentido, cabe recordar que la idea de Guzmán de segmentar las tarifas permitiría, de acuerdo a sus cálculos una reducción adicional de los subsidios del 0,3% del PBI. Esta segmentación, de acuerdo a la consultora Analytica, podría reducir el impacto en el IPC de la suba de tarifas. Un quita de los subsidios implicaría una duplicación de las facturas y un impacto inflacionario -entre primera, segunda y tercera ronda- de 14 puntos porcentuales. En cambio, concentrar la suba de la tarifa sobre el 50% más pudiente (llegando a triplicarla para el 10% más rico), reduciría el impacto de primera ronda a una inflación adicional de menos de 3 puntos porcentuales y significaría un ahorro del 0,7% del PBI, señalaron en la consultora.
El otro gran interrogante radica en la estrategia para acumular reservas, uno de los objetivos centrales de cualquier programa -y que mostrará en la evaluación ex-post el fracaso del programa de 2019-, y que condicionará la política cambiaria de «crawling peg» acelerado que ya implementó el Banco Central. Es que aunque Guzmán y Pesce nieguen una devaluación de un día para el otro, la experiencia muestra que la aceleración de las microdevaluaciones diarias no alcanza para estabilizar las expectativas devaluatorias y, como tal, no sirven para frenar la presión inflacionaria.
