Cualquier tipo de producto es factible de poder conseguirse en una de las plazas comerciales más importantes del mundo: la Triple Frontera. Con una superficie de casi 2500 kilómetros cuadrados, es la puerta de entrada al país de las bandas que se dedican al contrabando y la falsificación.
El crimen organizado ya no se financia principalmente con la producción y la venta de drogas. En los últimos años, el comercio ilícito desplazó al narcotráfico y se convirtió en la actividad preferida de los criminales. Por un lado, es una inversión menos riesgosa. A diferencia de lo que ocurre con otros delitos federales, las penas son mucho más bajas. Por el otro, la piratería y el fraude dejan una mayor rentabilidad y los costos que implican son notablemente inferiores.
El producto más contrabandeado, es el cigarrillo. Según el presidente de la Asociación Civil Antipiratería Argentina (ACAA), Enrique Caride, “es tentador por la alta tasa de impuestos (ronda el 80%)”. “De acuerdo con mediciones privadas, el comercio ilegal alcanzaría el 14% del mercado en Argentina. Esto implica una pérdida de recaudación para el Estado de más de 15 mil millones de pesos”, agrega.
Los datos oficiales más actuales, que corresponden a febrero de 2019. Sólo en ese mes se incautaron en el país 126.617 cartones en total. Generalmente, cada cartón trae 10 atados. A su vez, cada atado contiene 20 cigarrillos. No sorprende entonces que solo en 28 días, las fuerzas de seguridad incautaron casi 25 millones de unidades.
Una de las principales causas de la expansión del comercio ilegal de tabaco es la competencia desleal. Para la Secretaría de Agroindustria, la participación de mercado de las tabacaleras informales pasó del 5.6% en 2016 a 9.8% en 2018. Los pequeños fabricantes, que representan a una parte del mercado ilegal de cigarrillos (y suelen pedir amparos para no pagar la totalidad del impuesto interno mínimo), le provocan al Estado una pérdida de 2400 millones de pesos el año pasado.
Se estima que este año ese monto supere fácilmente los 5 mil millones de pesos.
Enrique Thomas, Secretario de Gestión Federal de la Seguridad de la Nación, reconoció la gravedad de la situación y destacó detenciones como las de Jorge Castillo (el “Rey de la Salada”), la mafia de los medicamentos, entre otras. “Es lamentable que esto ocurra pero es el resultado de 12 años de connivencia entre el poder político y las mafias que se dedican no sólo al contrabando, sino también a otras actividades como la droga o el tráfico de personas. Quienes defienden a los manteros dicen que es laburo para los pobres, pero lo que se genera es todo lo contrario porque golpea al mercado formal”, afirma. “Todo lo recaudado a través del comercio ilícito está destinado a financiar al crimen organizado, entendido como superestructura”, explica.
No sólo las tabacaleras se ven afectadas por la expansión del comercio ilícito. Según las estadísticas oficiales, en el rubro electrónico en general, se incautaron cerca de 30 mil unidades en todo febrero. Si se observa en particular a los teléfonos celulares, se confiscaron más de mil aparatos falsos en sólo 28 días. Dado que se estima que ingresan al país un millón por año, los móviles están entre los productos más contrabandeados.
El crecimiento de la tecnología vino acompañado del aumento del contrabando. La reproducción de contenido ilegal se hace con productos de Televisión por Protocolo de Internet (IPTV). La retransmisión de señales de streaming se hace a través de WIFI y conectando el aparato IPTV a la tele con un cable HDMI. A pesar de los inconvenientes que tiene (menor calidad de imagen o delay, por ejemplo), es una de las formas más extendidas del pirateo.
Aunque no se trata de un producto físico también es medible. Sergio Piris, vicepresidente de la ACAA y experto en este rubro, destaca que el nuevo código penal “ataca la comercialización ilegal de claves y aumenta el máximo de las penas de los delitos marcarios”.
Los artículos de lujo tampoco se salvan de los contrabandistas. Según confirmaron a PERFIL, la reconocida marca de bolsos y carteras, Louis Vuitton, gasta cerca de 18.5 millones de dólares por año para proteger sus productos. En este rubro, el problema se evidencia al final de la historia, es decir, cuando las empresas cierran. Determinar cuánto pierden las compañías es muy complejo ya que sus productos se comercializan en canales exclusivos.
Al consultar con especialistas y fuentes oficiales, se pudo constatar que las condenas contempladas en la Ley de Marcas y Designaciones van de los tres meses a los dos años máximos. La mayoría de los procesos no culmina con una sentencia condenatoria, sino con una probation o la suspensión de juicio a prueba.
