Las pensiones no contributivas por invalidez fueron controladas por agentes nacionales, desde el 2016 al 2019 arrojando que más de 6000 personas, cobraban un promedio de 6300 pesos al mes sin tener el derecho de recibir este beneficio.
Cabe destacar que en el 2015 las mismas habían tenido un crecimiento exagerado, para devolver favores políticos, a personas que no le correspondía.
Este recorte en las pensiones nacionales por invalidez mal otorgadas, genera un ahorro mensual de 37 millones de pesos para el Estado Nacional y 444 millones al año, fondos que pueden ser utilizados para otro fin.
En el marco del proceso iniciado, el trabajo que se hizo fue detectar a quienes no cumplían con los requisitos para seguir cobrando una pensión por discapacidad y se tramitaron numerosos pedidos de devolución de los fondos percibidos en forma irregular por los beneficiarios que fueron dados de baja, los cuales todavía se encuentran en tiempo para su acatamiento.
