El expresidente Carlos Menem era el único imputado que quedaba en la causa, y debía afrontar un juicio oral y público a partir del próximo 24, por la voladura que el 3 de noviembre de 1995 dejó como resultado siete muertos, más de 300 heridos y graves daños materiales.
El proceso judicial del último juicio que quedaba pendiente en el marco de la investigación por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero (FMRT), ocurridas en 1995, que estaba previsto para el próximo 24 de febrero próximo en los tribunales federales de Córdoba, quedó concluido el último domingo con la muerte de Carlos Menem.
El expresidente era el único imputado que quedaba en la causa, y debía afrontar un juicio oral y público a partir del próximo 24, por la voladura que el 3 de noviembre de 1995 dejó como resultado siete muertos, más de 300 heridos y graves daños materiales en la estructura de la ciudad de Río Tercero, ubicada en el departamento Río Tercero.
El 8 de febrero último el abogado Omar Daer, uno de los defensores de Menem, había presentado un pedido de ‘suspensión’ del juicio ante la Cámara Oral Federal 2 de Córdoba (TOF2), debido al estado de “gravedad” que presentaba el expresidente.
El fiscal Federal Carlos Gonella, quien elevó la causa a juicio y debía sostener la acusación en el proceso de enjuiciamiento, manifestó a Télam que el fallecimiento de Menem implica la “extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte”.
“Menem era la única persona que faltaba juzgar”, y con su muerte “se cierra el ciclo judicial penal de la de los tristes hechos por las voladuras” de la Fábrica Militar de Río, explicó el fiscal Gonella, quien, desde 2008, tuvo participación en la causa.
«Hubiese sido ideal escucharlo, que se defienda y la justicia se expida. Lamentablemente quedó inconclusa”, reflexionó.
Por su parte, el abogado Horacio Viqueira, querellante en la causa, dijo a Télam que, con el deceso de Menem, “se cierra el proceso judicial y deja sensaciones contradictorias después de mucha lucha en el plano judicial y social para llegar al esclarecimiento”.
Asimismo, consideró “lamentable” la actuación de la Justicia que “dilató desmedidamente el proceso judicial”, lo que “dificultó e impidió que se identificará más autores y participes del brutal hecho”.
En 2014 se realizó en los tribunales federales de la capital de Córdoba el primer juicio, en contra de cuatro directivos de la FMRT (Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino), y, en diciembre de ese mismo año, fueron condenados con penas de entre 10 y 13 años de prisión como autores mediatos penalmente responsables del delito “estrago doloso agravado por muerte de personas”.
En los fundamentos de la sentencia, el tribunal de enjuiciamiento había concluido que la explosión fue “intencional, programada y organizada para ocultar un faltante de proyectiles, municiones y/o explosivos”, que “fueron exportados de modo ilegal a Croacia y Ecuador”.
El expresidente Menem había sido separado de ese proceso judicial por «falta de mérito» dictada por la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Sin embargo, en 2018, la Cámara Nacional de Casación Penal revisó esa decisión, revocó el sobreseimiento y envió a juicio para el 24 de febrero de este año.
Ayer, el intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer, comunicó que decidió no adherir al Duelo Nacional, decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, al considerarlo como “el principal responsable” de las explosiones en el predio militar, y recordó que, el año pasado, en el marco del 25 aniversario de la voladura, había emitido un decreto declarándolo “persona no grata” en esa localidad.
