La secretaria de Energía rompió el silencio y dijo que el peaje sirve para «los gastos asumidos por Argentina en mantenimiento».
Flavia Royon volvió de Asunción con el compromiso de conformar una mesa de trabajo que busque superar la crisis bilateral con Paraguay por el cobro del peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia. Pero si hasta ayer parecía existir un principio de acuerdo, las perspectivas volvieron a enturbiarse este martes. Es que la secretaria de Energía insistió en la posición argentina, a pesar del rechazo que genera no solo en Paraguay, sino entre los demás países del Tratado.
El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, reconocieron «el derecho de Argentina de cobrar peaje para el funcionamiento de la hidrovía», según afirmaron a LPO desde la cartera de Energía. En efecto, el gobierno de Santiago Peña no se opone al cobro de una tarifa, pero defiende que su aplicación tiene que acordarse entre Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.
La secretaria, que participó de la apertura de la Exposición Internacional Argentina Oil & Gas en La Rural, se limitó a declarar que «resolviendo sus diferencias Argentina y Paraguay tienen grandes proyectos energéticos».
Una declaración protocolar después de que las partes acordaran el lunes mantener «en reserva las negociaciones» para evitar un escenario idéntico -y confuso- como el que se produjo cuando Sergio Massa visitó a Peña en Asunción y Lezcano se apuró a anunciar el final del peaje, que a las pocas horas fue desmentido por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, ya en Buenos Aires.
El gobierno de Santiago Peña no se opone al cobro de una tarifa, pero defiende que su aplicación tiene que acordarse entre todos los países del Tratado de la Hidrovía
«El gobierno argentino defiende su potestad para la aplicación de dicha tasa en base a aspectos jurídicos, técnicos y comerciales de la medida, que permiten reconocer los gastos asumidos por el país en las obras de mantenimiento para garantizar el transporte fluvial a los países de la región», señaló Royon en La Rural. Es el argumento de mayor peso de los funcionarios argentinos frente a sus pares paraguayos, aunque para lo últimos no sean suficientes.
El planteo de Lezcano y Centurión fue contundente y dejaron en claro a Royon y el resto de la delegación argentina -la acompañaron José Beni, titular de la AGP, Fernando de Vido, director de Yacyretá, y Raúl Pérez, asesor de Massa- que la mesa de trabajo no sería una instancia para ganar tiempo, tal como pudo saber este medio.
Royón pidió la reunión de urgencia luego de que el propio Peña y parte de su gabinete anunciaran el viernes que Paraguay reduciría la cantidad de energía destinada a Argentina a través de Yacyretá para forzarle a comprar más caro a Brasil. Era una presión que se sumaba al comunicado conjunto de Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay que condenaba el peaje «unilateral» cobrado por Argentina y, sobre todo, aislaba al gobierno argentino.
Apenas terminada la reunión, la titular de Energía tuiteó que la creación de una comisión técnica para determinar el monto de la deuda argentina en Yacyretá «y los conceptos de esta deuda, así como también el plan de pago para la regularización de la misma», que era uno de los puntos que más preocupaba a Royon y Economía, al margen de la escalada del conflicto diplomático.
Sin embargo, la tensión volvió a escalar luego de que el embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, acusara al gobierno de Peña de «pasarse de la raya». «Hoy veo un posicionamiento paraguayo muy duro, con un posicionamiento muy fuerte, sobre todo en medios paraguayos», dijo. Esta vez, lo ministros paraguayos optaron por la prudencia y dejaron que las estridencias corrieran por fuera del Ejecutivo.
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