Qué es el fondo de estabilización para controlar la suba de precios que anunció Alberto Fernández

El Presidente brindó un mensaje desde Olivos en el que anunció que decidió «constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional del trigo al precio que pagan los argentinos y argentinas».

El presidente Alberto Fernández anunció la creación de «un fondo de estabilización» para combatir la suba de precios en un marco de volatilidad en el comercio internacional de materias primas, energía y alimentos, a la vez que convocó a los sectores productivos y de la economía popular, a lograr acuerdos que permitan «luchar contra la inflación y proteger la mesa de los argentinos”.

A través de un discurso grabado desde la Quinta de Olivos, el mandatario destacó el efecto que la guerra entre Rusia y Ucrania provoca en la economía argentina e hizo un análisis de la coyuntura internacional y las respuestas a las que el Estado nacional apelará para moderar el impacto en los precios del mercado local y, en consecuencia, del poder adquisitivo de los trabajadores.

«Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas de nuestro país»

El discurso de casi 18 minutos se grabó a última hora de la tarde, luego que el Presidente, al regreso de su visita a la provincia de Tucumán, trabajara los detalles de sus anuncios en una reunión de la que participaron el ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; el de Trabajo, Claudio Moroni, la vicecanciller Cecilia Todesca Bocco, y la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont.

Varios de ellos tendrán desde mañana la tarea de dar a conocer los detalles de las medidas del Gobierno nacional, cuyos objetivos generales fueron presentados hoy, y de buscar los acercamientos con distintos sectores para la implementación de lo que definió como «soluciones extraordinarias» ante «una situación extraordinaria».

En su mensaje, el Presidente resaltó la nueva etapa que se abre para el desarrollo del país a partir de la sanción en el Congreso, anoche, del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en un Programa de Facilidades Extendidas que reestructura la deuda de más de 44.000 millones de dólares contraída en 2018..

«Eso era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder al crédito. Ahora podemos desatar todas las oportunidades productivas de nuestro país. Además, podremos financiar el gasto de capital de nuestro gobierno, con organismos internacionales y bilaterales, así como también seguir fortaleciendo el financiamiento interno. Esto nos permitirá depender menos de la emisión monetaria y hacer que nuestro Banco Central se fortalezca», reseñó.

«LA INFLACIÓN ES UN SERIO PROBLEMA PARA LOS ARGENTINOS Y LA GUERRA LO AGRAVA»

El Presidente afirmó que “la inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas” y sostuvo que “la guerra lo agrava”, al dar un mensaje desde la Quinta de Olivos en el que se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania y sus impactos en la economía del país.

Fernández señaló la importancia de ambos países beligerantes en la producción mundial de cereales, al proveer casi el 30% de las exportaciones globales de trigo y cerca del 80% de las exportaciones de aceite de girasol.

“El conflicto termina afectando al mundo entero, porque afecta a la producción de materias primas, centrales en nuestra alimentación cotidiana. Estoy hablando de la harina, el pan, los fideos y decenas de alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana”, explicó el presidente.

En este marco, destacó que “la tonelada de trigo costaba, antes del 20 de febrero -el día en que estalló la guerra-, menos de 300 dólares. El inicio del conflicto inició un alza inusitada que lo llevó a niveles récords”.

“En la historia mundial nunca el trigo llegó a costar lo que costó en estos días, alcanzando valores superiores a los 400 dólares la tonelada”, puntualizó Fernández.

De esta manera, describió que “el precio interno del trigo que se utiliza para el pan, que se estaba comercializando en torno a los .000-.000 por tonelada antes del 20 de febrero, se elevó rápidamente a valores superiores a los .000 apenas iniciado el conflicto, y en los últimos días supera los .000 por tonelada”.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación, pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas. Tengo el deber de advertirles que este contexto internacional complica aún más las cosas”, advirtió el presidente.

En este sentido, Fernández aseguró que “la inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas. La guerra lo agrava”.

«He escuchado decir que la Argentina no debería tener problemas por ser un país productor de alimentos. Ojalá fuera así. Nosotros producimos muchos de los alimentos que consumimos en nuestros hogares. Pero la formación de sus precios no depende, enteramente, de nosotros. Estos se forman en los mercados internacionales, cuyos valores han trepado y lo seguirán haciendo y, consecuentemente, ya están presionando sobre los precios internos», aseveró.

También se refirió a quienes plantean que esta guerra representa para la Argentina una oportunidad a lo que expresó: » Yo creo que una guerra, sin importar dónde sea, jamás puede volverse una oportunidad. Una guerra es siempre una mala noticia. Una tragedia desde lo humano, pero también desde lo social y lo económico. Desde el punto de vista humanitario ya lo hemos visto con las crudas imágenes que provienen desde Ucrania. Desde lo social, lo vemos con la enorme crisis migratoria desde sus países vecinos. Y desde lo económico, las consecuencias ya empiezan a hacerse ver».

Se presenta así para el país una oportunidad para avanzar en consensos necesarios entre los distintos sectores para «encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios», sostuvo.

«Estamos en un momento bisagra de la historia argentina y mundial. Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o pudimos encarar de los cuales la inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido», planteó el mandatario.

No obstante esa búsqueda de acuerdos, Fernández advirtió que «la batalla es contra los especuladores y los codiciosos» por lo que su administración no va a dejar de «controlar y fiscalizar precios» e incluso «aplicar la ley de abastecimiento» si lo considera necesario.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas”, dijo Fernández al presentar el escenario de la coyuntura internacional por el conflicto en Ucrania y su afectación a la macroeconomía local, a lo que reafirmó: «La inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas y la guerra lo agrava».

El incremento de los precios del trigo “haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos” consumen, detalló el mandatario al señalar que, ante esta suba y la de otras materias primas, su deber en la Jefatura de Estado es «proteger a los argentinos de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio”.

«He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas”, anunció Fernández.

Además, instruyó a sus ministros para que «tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas a partir de mañana. Garantizar el pan en la mesa de las argentinos es fundamental y está en el centro de las decisiones que estamos tomando ante esta emergencia”.

“Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas”

Los ministros “serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento. Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias”.

En ese sentido, ya se anunció que el ministro de Agricultura ofrecerá mañana a las 11 una rueda de prensa en la sede de la cartera agrícola.

Fernández también adelantó que desde este lunes convocará «a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”.

“Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios”, dijo el mandatario, pero también advirtió: «No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”.

En ese mismo sentido, el mandatario agregó que “la batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria, contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”.

“No me cansaré de repetirlo: nadie se salva solo. Escucharé sus propuestas y sus preocupaciones y les transmitiré los caminos que estamos recorriendo”, aseguró y apuntó a que “es hora que cada sector pueda pensar cuál es su contribución a este momento crucial del mundo y de Argentina”.

Qué dice la ley de abastecimiento que quiere aplicar el Gobierno

El presidente Alberto Fernández convocó a empresarios, sindicatos y a la sociedad civil a luchar contra la inflación y advirtió que de ser necesario aplicará la norma que data del año 1974 y faculta al Poder Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos

El presidente Alberto Fernández convocó hoy, a través de un mensaje grabado, a empresarios, representantes de los sectores productivos, al campo, los trabajadores y a la sociedad civil a una mesa de trabajo para luchar contra la inflación y en ese marco, advirtió que de ser necesario aplicará la Ley de Abastecimiento.

El mandatario emitió un mensaje grabado en un contexto en el que la inflación alcanzó en los últimos doce meses un 52,3%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). “No vamos a dejar de controlar y fiscalizar precios, aplicar la ley de Abastecimiento si es necesario y utilizar todos los instrumentos con los que cuenta el estado para cumplir con el objetivo de controlar los precios”, anunció Fernández en un mensaje que se esperaba por la mañana, luego fue postergado para las 19 horas y finalmente se concretó cerca de las 21.

“Nuestra batalla hoy es contra los especuladores. Contra los codiciosos. Contra quienes buscan aún en situaciones tan complejas sacar una renta extraordinaria. Contra los agoreros de siempre, que intentarán instalar el sálvese quien pueda o buscar culpables rápidos y respuestas sencillas”, destacó el jefe de Estado.

En ese sentido, afirmó que convocará desde este lunes a los representantes de distintos sectores “a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación”.

“Confiamos en encontrar acuerdos que ayuden a bajar la inflación y a garantizar el aumento del poder adquisitivo de los salarios”, continuó.

Al advertir sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento Fernández reiteró la apelación a una herramienta legal que faculta al Poder Ejecutivo a determinar precios, realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos, entre otras sanciones. También prevé multas; clausuras de establecimientos por 90 días; inhabilitación para recibir préstamos o beneficios impositivos.

En noviembre de 2020, en plena reactivación de la construcción tras los meses de cuarentena, el Presidente también había amenazado con la aplicación de la ley de Abastecimiento frente al alza de los precios de los materiales. Encomendó entonces al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, que actúe “con todo el peso de la ley” sobre quienes acaparaban productos. El anuncio presidencial se hizo en un acto virtual para celebrar el Día de la Construcción.

A fines del año pasado, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se refirió a la negociación que llevaba por entonces con las empresas para fijar los precios en torno a más de 1.300 productos de la canasta de consumo masivo y alertó: “Evidentemente si no se llega un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes. Es algo que trato de impedir, porque creo en los acuerdos sociales”.

La ley citada hoy por el presidente Alberto Fernández fue sancionada en 1974, cuando la inflación se había escapado del control del gobierno. En ese entonces, tras unos pocos años de relativa estabilidad a fines de la década del 60, bajo la gestión de Adalbert Krieger Vasena, período en el que la inflación anual se mantiene por debajo del 10%, la Argentina inicia una fuerte escalada de los precios, a un rango inicial del 40% en 1971, pero que empieza a espiralizarse al registrarse un salto del 64% el año siguiente.

Entre el 73 y el 74, el ministro José Ber Gelbard intentaba aplicar su “Pacto Social”. Aplicó un programa de precios y salarios en el Acta de Compromiso Nacional, firmada por trabajadores, empresarios y el Gobierno. El objetivo fue establecer una nueva distribución del ingreso en favor de los trabajadores, a través de un aumento en los niveles salariales y de las asignaciones familiares, que luego se trató de mantener a través de la intervención sobre el proceso de formación de precios.José Ber Gelbard, ministro de Economía durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón

El plan funcionó, con un descenso de la inflación y crecimiento económico. Pero al poco tiempo, la falta de consistencia con una política monetaria y fiscal expansiva generó tensiones entre las partes del acuerdo y un fuerte retraso en las tarifas y el tipo de cambio, lo que desembocó en menos de 2 años derivó en lo que fue el primer gran precedente de la hiperinflación, con lo que se dio en llamar el “Rodrigazo”, cuando el ministro Celestino Rodrigo liberó los precios y abrió las paritarias, y las empresas públicas no podían sostenerse con las tarifas congeladas.

El texto original fue modificado en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios o realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aplicó en dos ocasiones la Ley de Abastecimiento. Foto NA

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Antecedentes

En el pasado reciente, la Ley de Abastecimiento fue esgrimida repetidas veces aunque pocas veces aplicada.

En 2011, en una pelea que terminó en los tribunales, la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno, mediante una resolución, obligó a la petrolera Shell, en ese entonces comandada por el hoy exministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, a retrotraer un aumento de los combustibles.

En 2012 apareció de nuevo, esta vez como amenaza. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner la mencionó como posibilidad ante un conflicto por el precio de la yerba mate que interrumpió las entregas de ese insumo a comercios.

“Esperemos que no nos hagan faltar la yerba, porque si no, va a haber problemas y vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento”, dijo la mandataria, pero no llegó a aplicar la Ley.Exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 01/03/2021 Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

Un año más tarde, en cambio, en julio de 2013, el kirchnerismo dispuso aplicar la ley de Abastecimiento al trigo, mediante la resolución 67/2013, publicada en el Boletín Oficial otra vez con la firma de Guillermo Moreno.

“Los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo pan, condición estándar y harina para panificación derivada del mismo que detenten tenencia física de dicho producto deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno a partir del día de publicación de la presente resolución”, indicaba la medida.

Esa resolución fue finalmente derogada el 13 de enero de 2017 por el Gobierno de Mauricio Macri.

Ya en 2019, también el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba aaplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles. Finalmente, y sobre la hora, el entonces presidente decidió recurrir en cambio a un decreto de necesidad y urgencia para dictar un congelamiento por 90 días luego de su derrota en las PASO presidenciales de ese año seguida de una fuerte suba del dólar y una disparada de la inflación. Así, eludió recurrir a la vieja norma.

Más recientemente, el propio Alberto Fernández aseguró que no dudaría en aplicarla en noviembre de 2020 cuando durante las tensiones cambiarias que derivaron en una suba del dólar libre hasta los $195 se empezaron a registrar faltantes de materiales de construcción.El ex presidente Mauricio Macri amenazó con recurrir a la norma de 1974 en 2019 ante la suba del combustible, pero finalmente optó por un congelamiento por decreto. Foto: Europa Press

Las aplicaciones de ese texto llegan hasta principios de este siglo, cuando en medio de la crisis política que derivó en la renuncia del presidente Fernando De la Rúa, seguida de una sucesión de cortos períodos presidenciales. En la semana que duró la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, José María Vernet, llegó a hablar de “poner tanques” en las puertas de los comercios para frenar subas de precios.

“Yo quiero recordar que no se ha tomado una medida y que si están actuando con estos precios vamos a tener que legislar. Y vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Soy Canciller, si fuera Ministro de Defensa haría lo que hizo el ejército israelí cuando hubo desabastecimiento. El ejército israelí en el momento de mayor desabastecimiento arrancó las persianas de los negocios”, dijo en una entrevista televisiva.

A continuación el texto completo de la ley de Abastecimiento:

Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios.

Ley Nº 20.680

Sancionada: 20 de junio de 1974

Promulgada: 24 de junio de 1974

ARTICULO 1º — La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la ley 25.156.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)ARTICULO 2º — En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4°, la autoridad de aplicación podrá:

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.

II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;

d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;

f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;

g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;

h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;

i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contario quedará sin efecto la medida.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 3º — Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°.

Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 4º — Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;

c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;

f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;

g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;

i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;

j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3º de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 5º — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($500) a pesos diez millones ($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;

b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;

c) Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;

d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

e) Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública;

f) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;

g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 6º — En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5° y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 7º — Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:

a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro;

b) La posición en el mercado del infractor;

c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción;

d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;

e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 8º — Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 9º — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un millón ($ 1.000.000).

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 10.— La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:

a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;

d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 11. — Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.

ARTICULO 12. — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;

b) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;

c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;

d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;

e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;

f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

g) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 13. — En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 14. — Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.

Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.

A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las primeras.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 16. — La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 17. — En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 18. — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

ARTICULO 19. — La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. — El término de la clausura se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días. (Montos sustituidos por art. 3º del Decreto Nº 496/2002 B.O. 13/03/2001)

ARTICULO 20. — La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

ARTICULO 21. — Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 22. — Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 23. — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al Fisco Nacional o Provincial, según el Organo que hubiera dictado la resolución condenatoria.

Los gobiernos locales dispondrán el destinos de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley Nº 23.110 B.O. 09/11/1984. Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)

ARTICULO 24. — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.

ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 27. — Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.

(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 28. — Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 29. — La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.

ARTICULO 30. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta y cuatro.

—Registrada bajo el Nº 20.680—