El fallecimiento de dos mujeres de 35 años luego de dar a luz en hospitales públicos del país vecino, reabrió el debate sobre la seguridad de la atención materna. Ambos casos son investigados por la Justicia y se producen en un contexto de creciente malestar social por otras decisiones del Gobierno, como la reciente media sanción a la reforma jubilatoria.
La salud pública y el sistema de previsión social en Paraguay atraviesan horas críticas. En la última semana, las muertes de Hiliana Andrea Torres Franco y Victoria Pimienta, ambas de 35 años, tras dar a luz en hospitales públicos, han reavivado las alarmas sobre la seguridad obstétrica y la gestión sanitaria en el país vecino.
El caso de Hiliana, una enfermera que trabajaba en el propio Hospital Regional de Paraguarí donde dio a luz, causó especial conmoción. Tras recibir el alta, regresó a los pocos días con dolores intensos y falleció por una falla orgánica múltiple. Por otro lado, la autopsia de Victoria Pimienta, quien murió tras una cesárea programada en Loma Pytã, reveló un tromboembolismo pulmonar, lo que derivó en denuncias de presunta negligencia médica por parte de su familia.
Tensión social: Reforma y «Jubilaciones VIP» en el IPS paraguayo
Estos hechos se dan en un contexto de extrema fragilidad institucional en Paraguay. El país vecino vive jornadas de protestas y tensión debido a una profunda reforma del sistema de jubilaciones.
Mientras el Gobierno paraguayo busca ajustar los parámetros previsionales, estallaron denuncias por la existencia de «jubilaciones VIP», beneficios extraordinarios para sectores de la élite política que contrastan con las carencias que enfrentan los ciudadanos comunes en los hospitales dependientes del Instituto de Previsión Social de Paraguay.
A pesar de los intentos por modernizar el sistema, las estadísticas oficiales de Paraguay reflejan una realidad cruda. En 2025, la tasa de mortalidad materna se ubicó en 86,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
