El Gobierno nacional oficializó dos normativas centrales para llevar adelante su gestión económica este año que comienza.

A través del Decreto 932/2025, publicado en el primer Boletín Oficial del 2026, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Presupuesto 2026, sancionada de manera definitiva en una sesión especial del Senado realizada el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

La norma, que había obtenido previamente media sanción en la Cámara de Diputados y fue avalada por la Cámara alta, establece en su artículo 4° un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, en contraste con ejercicios anteriores deficitarios. Además, proyecta gastos corrientes y de capital por aproximadamente $148.000 millones, con una fuerte asignación a servicios sociales.

La aprobación del Presupuesto contó con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, acompañado por PRO y diputados aliados del peronismo en algunas provincias. El kirchnerismo votó en contra de la iniciativa, considerada central para la gestión del presidente Javier Milei.

Según el documento, la mayor parte del gasto se destinará a servicios sociales, con $106,5 billones, seguido por deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).

En paralelo, estimó en $148.295 millones el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración Nacional.

El texto también establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, salvo excepciones para áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.

Entre las asignaciones específicas, se destinan $4,78 billones para los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, $11.290 millones al Fondo Nacional de Empleo para la atención de los programas dependientes del Ministerio de Capital Humano, y $15.843 millones al Fondo de Bosques Nativos.

También rige desde este viernes la ley de Inocencia Fiscal

En el Boletín Oficial de este viernes, también por decreto, el Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que, en términos formales, modifica la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.

La nueva normativa sube el piso a partir del cual se considera que un contribuyente evade impuestos, que había quedado desactualizado, y eleva los valores a partir de los cuales escribanos y bancos deben informar transacciones al ente recaudador.

Por ejemplo, se aumenta de 1,5 a 100 millones de pesos el monto de evasión simple y de 15 a 1.000 millones la evasión agravada. También se incrementan a $100 millones los valores por los cuales se considera delito la falsificación de facturas. Y a 200 millones las deudas para quienes estén adheridos a beneficios fiscales.

La ley también habilita una especie de “perdón”: ARCA no hará una denuncia penal si se cancelan la deuda y los intereses que estipula el organismo. Si ya se realizó la denuncia penal, se extinguirá la acción si se paga la deuda, los intereses y un 50% adicional.

Otro punto clave es que se reduce el plazo de prescripción de deudas impositivas de 5 a 3 años.

La norma crea el “Régimen Simplificado de Ganancias”. Podrán optar por este sistema quienes tengan ingresos anuales inferiores a los 1.000 millones de pesos y un patrimonio menor a 10.000 millones, no clasificados como grandes contribuyentes.