El programa permitirá a extranjeros acceder a una vía de naturalización mediante aportes económicos y contempla controles sobre identidad, antecedentes y origen de los fondos. La iniciativa abrió interrogantes sobre su aplicación mediante decreto, los requisitos para acceder y el alcance de las verificaciones migratorias y tributarias.
El Gobierno nacional anunció un programa de ciudadanía por inversión que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de USD 350 mil al Tesoro o la suscripción de un bono público a tasa cero por USD 800 mil. La recepción de solicitudes está prevista para el cuarto trimestre de 2026 y cada postulante deberá superar controles de identidad, antecedentes y origen de los fondos.
El mecanismo también contempla a los familiares del solicitante principal. Para cónyuges e hijos solteros de entre 18 y 25 años se estableció un aporte adicional de USD 100 mil, mientras que para los menores de edad será de USD 25 mil. La propuesta abrió una discusión que alcanza el marco jurídico de la naturalización, la seguridad migratoria, la situación tributaria y el valor internacional del pasaporte argentino.
Una diferencia con la legislación vigente
La Ley de Ciudadanía 346, sancionada en 1869 y todavía vigente con modificaciones, ya contempla actividades económicas como fundamento para la naturalización de extranjeros. Entre los casos mencionados aparecen la instalación de una nueva industria, la introducción de una innovación útil, la participación de empresarios o constructores ferroviarios y la integración de colonias con propiedad inmueble.
El antecedente marca una diferencia con el nuevo esquema. Mientras la legislación histórica vinculaba la naturalización con actividades productivas, infraestructura o arraigo patrimonial, el programa anunciado establece alternativas financieras. El Decreto 524/2025 habilitó la posibilidad de solicitar la ciudadanía mediante una “inversión relevante”, cuya definición quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Para Marcelo Elizondo, analista especializado en comercio internacional, el mecanismo puede funcionar como una herramienta adicional dentro de la estrategia oficial para atraer capitales, aunque no modificaría por sí solo el volumen de inversiones. “El bono es una inversión financiera”, señaló, mientras que la alternativa de USD 350.000 constituye “un aporte” o “una cesión al Estado”. También remarcó que el pago no implica una concesión automática.
Los controles y las dudas sobre el programa
El abogado y exembajador argentino en China, Diego Guelar, puso el foco en los controles sobre quienes accedan al régimen y en la reputación internacional del pasaporte argentino. “No es un pasaporte dado por la venta de ciudadanía a cualquiera”, sostuvo. El especialista también cuestionó la posible participación de Henley & Partners, una consultora dedicada a programas migratorios y de ciudadanía por inversión.
La firma tiene en su página un apartado específico sobre el programa argentino y señala que la recepción de solicitudes comenzará en el cuarto trimestre de 2026. Esa publicación no permite determinar por sí sola si existió una contratación formal con el Estado ni cuál habría sido su alcance. Voceros del Ministerio de Economía señalaron que no mantienen ninguna relación contractual con Henley & Partners.
La abogada especializada en derecho migratorio Paula Carello cuestionó que esta vía de naturalización esta incorporada mediante un decreto y no mediante una ley debatida en el Congreso. También planteó interrogantes sobre los criterios de elegibilidad, documentación, plazos y permanencia, además de los mecanismos para verificar la “debida diligencia” y el origen de los fondos.
El Gobierno informó que cada solicitud queda sometida a verificaciones sobre identidad, licitud y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial, antecedentes penales y reputacionales, jurisdicción de origen e historial migratorio. La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá intervenir junto con organismos especializados y la decisión final corresponderá a la Dirección Nacional de Migraciones. La reglamentación deberá precisar cómo funcionarán esos controles y cuál será el encuadre definitivo del programa.
