Ayer por la tarde, en diálogo con Juan Carlos Argüello, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, dialogo sobre las principales deudas que el Gobierno nacional mantiene con Misiones, y también analizaron el posicionamiento político de la Provincia frente al modelo de shock, ajuste y desregulación que intenta impulsar el Gobierno de Milei.
Actualmente, Nación le debe a Misiones en total más de 100 mil millones de pesos, monto que computa las regalías energéticas adeudadas de las represas de Yacyretá y Salto Grande ($60 mil millones), y compensaciones de la ANSES a la caja previsional del IPS ($40 mil millones).
Remarcaron que el origen de estas acreencias se remontan a la gestión de Mauricio Macri, luego Alberto Fernández, el ministro Sergio Massa y actualmente a la presidencia de Javier Milei. Con el paso del tiempo y las administraciones, esta deuda se fue actualizando y creciendo hasta alcanzar el monto actual. A pesar de arrastrar desde hace años esta deuda del Gobierno Nacional, la solidez de la finanzas públicas misioneras le permitió al Gobierno provincial seguir invirtiendo y funcionando con normalidad sin necesidad de recurrir a ningún tipo de ajuste sobre sus trabajadores, productores y empresas; hechos que reflejan de manera concreta cómo, a diferencia del Gobierno de Milei, se puede impulsar un esquema de estabilidad y crecimiento sin necesidad de recortar derechos ni ajustar políticas públicas que benefician a distintos sectores de nuestra comunidad.
Los efectos de esta política de ajuste ya están comenzando a verse reflejados en la pérdida de empleos en el sector de la construcción por la paralización de la obra pública, en el intento de volver a gravar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, en el regreso de algunas retenciones a determinados productos de las economías regionales y en la falta de certeza sobre el envío de Fondos nacionales como el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).Con respecto al decretazo anunciado el miércoles por el Presidente Milei, desde Misiones estamos analizando con mucha cautela y preocupación sus efectos.
Es un DNU muy amplio que puede llegar a ser considerado inconstitucional; pero si llegará a implementarse, desde Misiones vamos a poner todo nuestro esfuerzo para proteger el bienestar de las familias y la capacidad productiva de nuestra economía. Por ejemplo, frente a la intención de eliminar funciones centrales que actualmente cumple el INYM, Carlos Eduardo Rovira anticipó ayer que se impulsará la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM) con el objetivo de defender la rentabilidad de nuestros productores y cooperativas frente a la avanzada desregulacionista de los oligopolios.
