El Gobierno puso fin al fideicomiso que financiaba proyectos habitacionales en la Argentina. Unas 96 mil viviendas no se terminaron durante la administración de Alberto Fernández.
El Gobierno de Javier Milei eliminó esta semana una serie de fondos fiduciarios, entre estos el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. Este instrumento, creado por la Ley 27.341, tenía como objetivo financiar programas de vivienda social e infraestructura básica a través de aportes públicos, privados y de organismos internacionales, tanto multilaterales como trilaterales.
Sin embargo, una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que conduce Miguel Blanco reveló graves irregularidades en su administración y ejecución, como el gasto de $468 millones en obras sin empezar, la falta de estados contables y la existencia de proyectos rescindidos sin devolución de fondos.
La lista de anomalías que se pueden apreciar en el informe al que accedió TN a través de un pedido de acceso a la información pública, muestran ejemplos concretos de cómo se inyectaron millones en obras que jamás comenzaron.
Más de $450 millones en obras sin inicio y falta de documentos: las irregularidades en el fondo de vivienda
Un ejemplo que se consigna en el documento es la construcción de 172 viviendas en el Barrio Doctor Montaña, en la provincia de Corrientes. La obra quedó en estado “A iniciar” y pese a que se firmó un convenio de rescisión de común acuerdo por un total de $297.112.365 y la secretaría de Hábitat intimó a los responsables, los fondos nunca fueron devueltos.
A esta situación se suman otros cuatro convenios con irregularidades similares, acumulando un total de $468.862.212 transferidos sin que las obras comenzaran.
Por otra parte, la SIGEN detectó debilidades en la administración de legajos y ausencia de información clave, lo que obstaculizó la supervisión adecuada del uso de los recursos. Es decir, que los responsables del fondo no presentaban documentación ante los organismos de control.
Por otra parte, son varios los entes responsables de obras que no presentaron la rendición de cuentas al finalizar los proyectos. Uno de estos es el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano de Chaco, que no rindió $4.998.880. En tanto, la Unidad Ejecutora Provincial de Misiones no rindió $19.015.889. Son solo algunos de los ejemplos.
La auditoría de la SIGEN también advirtió irregularidades en la presentación de documentación por parte de las autoridades. El fondo fiduciario no presentó los estados contables correspondientes al 2023, lo que “imposibilita validar los números que indicaban un supuesto saldo positivo de $3117 millones”.
En el mismo informe se detalla que, en contraposición, en 2022 el fondo registró pérdidas de $52 mil millones por “exposición a la inflación”.
Si bien en algunos casos las obras se completaron, las rendiciones de cuentas finales nunca fueron presentadas.
Más allá de las irregularidades planteadas en el informe, la gestión de Javier Milei nunca tuvo como prioridad la conclusión de proyectos de obras de vivienda. En 2024 fueron muy pocos los avances en esta área, que encontró una herencia de casi 100 viviendas sin terminar.
