Mauricio Macri anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para impulsar el proyecto de extinción de dominio, para recuperar los bienes producto de la corrupción, del narcotráfico, la trata y el lavado de dinero.
«Las mafias se llevaron plata que es de todos los argentinos. Plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, construir escuelas y jardines», expresó el presidente, en un breve discurso en la Casa Rosada. «La Justicia Penal tiene instrumentos para recuperar estos bienes, pero son lentos. Esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo», agregó.
De acuerdo al presidente, el propósito del decreto es «avanzar con la extinción de dominio, para que la Justicia pueda recuperar más rápido y de forma trasparente los bienes» derivados de delitos graves.
El proyecto fue aprobado en Diputados en junio de 2016 y, después de casi dos años, el Senado le hizo cambios en base a una propuesta del jefe de bancada peronista Miguel Ángel Pichetto. La iniciativa avalada por la Cámara alta indica que la extinción de dominio debería ejecutarse una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión que es rechazada por Cambiemos.
El proyecto fue acompañado por el kirchnerismo y otros bloques de la oposición, pero el frente oficialista se opuso. Luego fue enviado con los cambios a la Cámara baja, donde por falta de consenso no volvió a tratarse.
Los puntos clave del proyecto aprobado en el Senado
Una de las claves de la iniciativa es la retroactividad, ya que establece que la extinción de dominio no podrá aplicarse para todos aquellos bienes generados a través de ilícitos en el pasado. En otras palabras, esta iniciativa no permite abarcar los bienes del escándalo de los cuadernos de las coimas.
La propuesta indica que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, aunque establece un «decomiso anticipado» para que los imputados no puedan disponer de los bienes en cuestión mientras continúe el proceso.
Además incorpora los delitos contra el orden económico y financiero, especialmente cuando se trate de corrupción. Si se aplicara al escándalo de las coimas no solo se abarcaría al funcionario que recibió el dinero sino al empresario que pagó las dádivas.
Establece, además, la posibilidad de extinguir el dominio de bienes en el extranjero, en caso de que se detectaran cuentas off-shore en paraísos fiscales. De esta forma se buscará traer a la Argentina el dinero generado a través de ilícitos que se encuentra fuera del país.
Fuente Tn.
