La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo cumplió su primer año tras haber sido aprobada por el Senado el 30 de diciembre de 2020. Desde ese momento se ampliaron las consultas y tratamientos que permitieron a miles de mujeres no caer en la clandestinidad.

La Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 en el año de la pandemia, tras una sesión maratónica en la Cámara de Senadores que duró toda la noche. Luego de ese momento y de su posterior ratificación, se llevaron a cabo cerca de 26.000 IVEs en hospitales públicos, aunque los organismos aún denuncian que el acceso es desigual en algunas provincias.
Durante 2018 la marea verde colmó la Plaza del Congreso y las calles aledañas en lo que fueron las dos noches de principales discusiones: el 13 de junio cuando se obtuvo la media sanción en Diputados y el 9 de agosto cuando en medio de la lluvia torrencial el Senado rechazó la iniciativa.
Un monitoreo de la implementación de la ley, así como de la atención posterior, llamado Proyecto Mirar, coordinado por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, determinó que durante 2021 fueron 25.894 los abortos que se practicaron en instituciones del sistema público, lo que implica casi 26.000 mujeres y personas gestando que salieron de la clandestinidad y redujeron su riesgo de muerte.
Allí se determinó la tasa del aborto (interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil) a nivel nacional, que fue del 3,2 con la utilización de datos oficiales. Entre las provincias se observó una desigualdad: en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5,6, en Tierra del Fuego fue de 4,3, mientras que Chaco tiene una tasa del 0,9 y Formosa, del 0,6.
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó en un pronunciamiento que la ley 27.610 de IVE «es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos» que «cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado«.
Y valoró que «es una ley que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad. Es una ley contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos».
Los debates en torno a la ley de aborto pusieron sobre la mesa otras cuestiones que solían quedar relegadas a los ambitos más intelectuales y progresistas sobre dónde reside el deseo de ser o no madre y la percepción del cuerpo como algo propio y no hecho para el disfrute de un otro. Además se puso el eje en el placer y el goce sexual de las mujeres, pero también se advirtió por abusos y violaciones que también pueden derivar en un embarazo no querido.
Aborto en Argentina, algunos números a un año de la IVE
Sancionada hace un año, en plena pandemia por Covid, la ley se promulgó el 14 de enero, y el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, y luego se sumaron dos mas para atención posaborto y para atención a víctimas de violaciones sexuales.
Al respecto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, indicó que hay 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país que garantizan la práctica, lo que implica una ampliación de la oferta de un 30% en el último año.
Otro dato positivo es que la línea 0800 222 3444 del Ministerio de Salud de la Nación de asesoramiento y derivación recibió 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre, cuando en los diez años previos respondió en total 17.302 llamados vinculados a este derecho.
La información de la Cartera de Salud también reveló que se distribuyeron en todo el país 46.283 tratamientos de misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar abortos, mientras que en 2020 la cifra total fue de 18.590 unidades.
Por su parte, la Campaña pidió acceso a la la mifepristona «un medicamento que garantizaría mejor atención» a quienes deciden interrumpir un proceso gestacional.
Al respecto Vizzotti adelantó que se han realizado «importantes avances» tanto para iniciar la producción local de mifepristona por parte del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe como para alcanzar la aprobación por parte de la Anmat.