Al cumplirse un año desde que se inició el proceso formal de instalación de la red de agua potable en el asentamiento Las Tacuaritas, el defensor del pueblo Alberto Penayo reflexionó sobre el proceso y los resultados positivos alcanzados.
«Hace exactamente un año, inaugurábamos formalmente tras muchos meses de trabajo, la instalación de la red de agua potable para las familias de Las Tacuaritas.
En la ocasión, junto al Subsecretario de Obras Públicas de la provincia, Ing. Marcelo Bacigalupi, el presidente del Eprac, Daniel Distefano, el gerente comercial y jurídico de Samsa, Dr. Manuel Giménez, y el equipo técnico de la Defensoría del Pueblo, se dió inicio al proceso administrativo que posibilitó la conexión del barrio a la red de agua potable», recordó Penayo.
El compromiso de conectar a los vecinos a la red de agua potable fue asumido por el gobierno en mayo del 2019 y en poco menos de un año se concretó, materializando la conexión de este servicio para que los vecinos puedan acceder a agua limpia y segura, como establece el objetivo 6 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sustentable).
«La gente no paga»
Una de las principales barreras que se tuvo que derribar, fue el prejuicio de que las familias humildes no pagarían el servicio.
«Fue una prueba piloto que sirvió para demostrar que los vecinos están dispuestos a formalizar el acceso a los servicios y que si pueden pagar lo hacen sin problemas.
Nosotros creímos desde un principio en los vecinos de Las Tacuaritas y por eso desde la Defensoría del Pueblo asumimos la responsabilidad de ser garantía del proceso, y no nos equivocamos, porque todos los vecinos están pagando normalmente sus boletas de agua», expresó Penayo.
Avanza la regulación dominial
Además, el Defensor del Pueblo afirmó que el trabajo con este barrio continúa, que el objetivo es que todas las familias accedan a una vivienda digna con todos los servicios esenciales.
«Empezamos por la red de agua potable porque es un servicio esencial para la vida. Fue un paso importante en el proceso de regularización dominial y seguramente urbanización, como marca la ley 27.453 (RENABAP).
Ahora avanzamos con la relocalización, estamos trabajando intensamente con los vecinos y el Iprodha para que esto pueda concretarse en el menor tiempo posible».
Con el ejemplo de Las Tacuaritas pedimos el servicio de internet
A partir del ejemplo claro del asentamiento Las Tacuaritas, donde en principio se ponía en duda que las familias cumplieran con el pago de las boletas del servicio, teoría que se desmintió con la evidencia de que todas las familias que accedieron a la red de agua potable están pagando el servicio, ahora la Defensoría del Pueblo propuso el acceso a otro bien esencial, como lo es el internet.
«Con el servicio de internet que solicitamos para los barrios populares por medio del Programa Conectividad Posadas, estamos proponiendo lo mismo que pedíamos con el acceso a la red de agua: que las familias de escasos recursos accedan a un servicio humano esencial.
Pero algunos dudan que la gente pague por el servicio, y nosotros nos oponemos a esa teoría, porque ya tenemos el ejemplo del barrio Las Tacuaritas y sabemos que la gente paga por los servicios, siempre y cuando estos lleguen en términos adecuados para su situación social», expresó el defensor Alberto Penayo.
