La provincia recibió 49,6% menos fondos discrecionales nacionales en noviembre y quedó entre las jurisdicciones con menor asistencia per cápita, mientras la política cambiaria y las retenciones afectan economías regionales y limitan obras públicas.
Misiones es una de las provincias más afectadas por la reducción en las transferencias nacionales, para noviembre ya se registraba una merma marcada en los fondos discrecionales que dependen de la voluntad de Nación.
En el Noticiero Central de Canal Doce, el periodista Juan Carlos Argüello precisó que Misiones recibió “49,6% menos fondos que el año pasado, que ya había sido malo. La provincia no tiene dinero para las obras públicas que ya estaban comprometidas, que incluso habían estado en el presupuesto, y sin embargo dejaron de tener financiamiento por parte de la Nación”. Es más, la Asistencia Financiera a las Tesorerías Provinciales también cayó, ubicándose en 7.000 millones de pesos para todo el año.
El periodista señaló que, si se mide la cuestión por habitante, la provincia recibe “14.683 pesos por misionero”. Agregó que esta cifra posiciona a Misiones en un lugar desventajoso a nivel nacional y que es la “cuarta jurisdicción que menos recibe de todo el país”. En cambio “varias provincias patagónicas y Buenos Aires son las que mayor cantidad de recursos reciben de parte del Gobierno nacional”.
La política cambiaria nacional afecta a las economías regionales
Más allá de los recursos discrecionales, la Nación está decidida a sostener el precio del dólar, lo cual para el sector exportador es un problema porque los costos internos han subido mucho y el dólar no está competitivo en algunos sectores. Esta situación pone en duda la rentabilidad de las empresas. Algo que deriva en menos ingresos, menos ganancias, menos empleo y menos inversiones para las provincias.
En ese aspecto, Argüello dio cuenta que “la Nación es la que controla todo esto: importaciones, exportaciones y retenciones. En cuanto a la apertura de importaciones, por ejemplo en el sector textil, ha provocado un derrumbe de la actividad y la pérdida de 14 mil empleos, sin que las provincias tengan herramientas para frenarlo. Tampoco con las retenciones, en la cual la discusión siempre es cómo mejorar la competitividad de las economías regionales”.
La recaudación de comercio exterior no llega a las provincias
Argüello hizo hincapié en que los recursos generados por el sector externo no se distribuyen. “La Nación dice que hay que bajar los impuestos. Sin embargo, se queda con las retenciones; le baja a la soja, porque ahí sí hay generación de dólares para el país central, pero no a las economías regionales, y se queda con todo lo recaudado del comercio exterior. Eso no se coparticipa”, comentó. Ilustró este punto con casos concretos como el té misionero, que paga un arancel del 10% en Estados Unidos, y recordó que retenciones a productos como la madera o el tabaco “se las queda por completo la Nación”.
Por otro lado, resaltó el sistema tributario nacional, que incluye impuestos como el IVA, Ganancias, al Cheque o a los Combustibles, es definido íntegramente por el gobierno central, y resaltó que la parte coparticipable de estos impuestos no se distribuyen entre las provincias de la manera que correspondería.
El impuesto a los combustibles no se destina a su fin original
En otro aspecto, el conductor cuestionó específicamente la aplicación de este tributo. Porque “el fin único del impuesto a los combustibles era financiar las obras de infraestructura que haga la nación. La Nación dejó de hacer las obras de rutas, obras en distintos puntos del país, pero sigue cobrando el impuesto y cobra mucho más porque el combustible no deja de aumentar”. Ante esta problematica, existe un reclamo provincial para que, por ley, estos fondos se copaticipen, pero “la Nación no lo ha hecho y eso impacta, obviamente, en las provincias”.
Inclusive las provincias son cuestionadas por la Nación por sus tributos locales —que representan entre un 2% y un 5% del costo según la actividad—, la carga impositiva nacional, que suma IVA, Ganancias y otros conceptos, alcanza entre un 40% y un 45%, una proporción muy superior a la de cualquier jurisdicción del país, concluyó.








