María Alexandra Gómez García, y su hijo Víctor Benjamín, cruzaron a Colombia con apoyo de autoridades argentinas y activistas. Hay preocupación del Gobierno por la situación del agente
En un operativo que involucró múltiples niveles de coordinación y discreción, María Alexandra Gómez García, pareja de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido de manera ilegal en Caracas, y su hijo, lograron salir de Venezuela hacia Colombia.
La salida de Gómez García y su hijo Víctor Benjamín se produjo en un contexto de creciente tensión en Venezuela, donde el régimen ha intensificado las detenciones de opositores y extranjeros. La operación fue liderada por autoridades argentinas y organizaciones internacionales de derechos humanos.
La pareja de Gallo y su hijo se encontraban en Anzoátegui, donde vivían con la madre de Gómez García. La situación se volvió insostenible debido a la ola de detenciones y la falta de recursos económicos de Alexandra.
El gendarme Nahuel Gallo, y su pareja, María Alexandra Gómez García
Según se supo , la mujer no tenía ninguna restricción de salida del país, pero ante el temor de ser retenida con su hijo en la frontera, solicitó ser acompañada por alguien “de confianza”.
La detención de Nahuel Gallo ocurrió cuando este se dirigía a visitar a su familia en Venezuela, luego de cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander desde Colombia. Desde entonces, su comunicación con el exterior ha sido prácticamente nula. La última vez que su pareja tuvo contacto con él fue el 8 de diciembre, a través de un celular prestado por un remisero.
La madre de Gallo, Griselda Heredia, ha mantenido contacto con las autoridades argentinas, incluyendo reuniones con Bullrich y el presidente Javier Milei. Sin embargo, la única prueba de vida de Gallo ha sido un video y unas fotos en las que aparece vestido de preso, imágenes que algunos sugieren podrían haber sido tomadas en la cárcel conocida como El Rodeo.
La situación de los detenidos en Venezuela, incluidos Gallo y otros extranjeros, sigue siendo un tema de preocupación para varios gobiernos, entre ellos el de Argentina, Estados Unidos y Ecuador, que han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar al país sudamericano. La comunidad internacional continúa presionando para lograr la liberación de los detenidos y garantizar su seguridad.
Heredia, consultada por DNews, se refirió al operativo secreto: “Me estoy desayunando con el tema porque no sabíamos nada. La desesperación mía es porque si a ella la liberan, ¿en qué situación queda mi hijo?“, señaló.
“Cuando dije que ella no es la esposa, la señora se ofendió tanto que nos bloqueó a toda la familia, así que no sabemos nada ni vamos a tener información por parte de ella. La parte argentina es el tema, Bullrich no nos avisó nada, y soy la mamá, por favor… Me preocupa en qué situación queda mi hijo ahora», lamentó.
Y agregó: “Estoy desesperada, llamando a todo el mundo. A mí lo que haga ella me tiene sin cuidado, el miedo mío es cómo queda mi hijo allá. Estamos con la misma angustia que el día que Nahuel entró a Venezuela”.
Reclamo
En un comunicado difundido por la Cancillería, el Gobierno de Javier Milei exigió el pasado viernes la “inmediata liberación del gendarme Nahuel Gallo, así como de todos los connacionales que se encuentren ilegalmente privados de su libertad” por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Responsabilizó, además, directamente a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y figura clave del chavismo, por liderar una estructura represiva: “El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”.
El pronunciamiento oficial señala que estas prácticas se ejercen “desde el poder del Estado, con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia” y las calificó de “terrorismo de Estado”, por tratarse de un patrón sistemático, intimidatorio y arbitrario.
La Cancillería adelantó además que Argentina intensificará las denuncias ante la Corte Penal Internacional, a la que exigirá un pronunciamiento urgente sobre lo que considera “crímenes de lesa humanidad”.
El Gobierno argentino también instó a la comunidad internacional a actuar: “Nuestro país exhorta a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y a la violencia ejercida desde las instituciones”.
