Desde el Gobierno señalaron que la protesta fue un intento de desestabilización. Al menos 46 personas sufrieron diferentes heridas, de las cuales 26 son efectivos policiales. Entre los más afectados se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza. En la mañana de hoy, la Justicia liberó a 94 personas que habían sido detenidas por la Policía de la Ciudad
La tradicional movilización de jubilados que cada miércoles se concentra frente al Congreso de la Nación terminó en una jornada de violencia con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, destrozos en la vía pública y más de un centenar de detenidos.
Desde horas tempranas, manifestantes de diversos sectores comenzaron a congregarse en las inmediaciones del Congreso. Aunque la protesta estaba convocada para las 17, pasadas las 16 se produjeron los primeros choques cuando la Policía de la Ciudad intentó aplicar el protocolo antipiquetes.
Con el correr de los minutos, la tensión creció. Barras bravas de distintos clubes se sumaron a la manifestación y comenzaron a lanzar piedras y proyectiles contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los grupos más violentos. Los enfrentamientos se extendieron por más de tres horas.
Según el reporte oficial, hay 124 personas detenidas, de las cuales 94 fueron liberadas en la mañana de hoy, y al menos 46 heridos, de los cuales 26 son efectivos policiales. Entre los más afectados se encuentra el reportero gráfico Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza provocada por una cápsula de gas lacrimógeno y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía en estado crítico.
Durante la jornada, manifestantes incendiaron dos patrulleros y más de 70 contenedores de basura. Además, arrancaron baldosas de la Plaza Congreso para utilizarlas como proyectiles contra los agentes. La violencia se trasladó a otros puntos de la ciudad, incluyendo Plaza de Mayo, donde se registraron nuevos disturbios frente a la Casa Rosada.
Reacciones políticas y denuncias cruzadas
Las repercusiones sobre otra jornada violenta no tardaron en llegar. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a los detenidos como “violentos piqueteros, militantes de agrupaciones políticas y barras bravas” y aseguró que enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión bajo la nueva Ley Antimafias. “En Argentina manda la ley, no los barras, ni la izquierda”, sostuvo en sus redes sociales.
Desde la oposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció una “descarga de violencia sobre los jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste” y calificó la represión como “un atentado contra derechos esenciales de la democracia”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a los incidentes, señalando que los manifestantes atacaron la Casa Rosada “utilizando las piedras que recordaban a los fallecidos por la pandemia”. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró: “Hay movimientos políticos orientados a desestabilizar al Gobierno”.
A última hora del día, decenas de personas salieron a las calles en distintos barrios porteños en señal de protesta. En Avenida Corrientes, manifestantes marcharon hacia la Plaza de Mayo con cacerolas y consignas contra la represión policial. Movilizaciones similares se registraron en La Boca, San Telmo y Caballito, mientras que en algunos barrios se hicieron sentir cacerolazos desde balcones.
En tanto, el Ministerio de Seguridad informó que se secuestraron armas entre los detenidos, incluyendo dos pistolas tumberas, un cuchillo y cartuchos de escopeta calibre 12. En el operativo participaron cinco fuerzas federales y más de 850 efectivos policiales.
