La medida cautelar obliga a la prestataria a mantener el servicio y permite abonar el consumo básico mientras se analiza el fondo del conflicto por presuntas irregularidades en las boletas.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Posadas resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de usuarios del barrio Itaembé Guazú y ordenó a la empresa prestataria del servicio de agua suspender los cortes de suministro, reconectar el servicio en los casos en que haya sido interrumpido y permitir el pago del consumo mínimo hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión judicial se dictó en el marco de un reclamo iniciado por familias que denunciaron facturaciones con montos que no guardarían relación con el consumo habitual registrado en sus viviendas durante el período comprendido entre enero de 2025 y marzo de 2026. Según plantearon en la presentación, las liquidaciones habrían reflejado valores significativamente superiores al promedio histórico.
De acuerdo con la resolución firmada por la jueza de primera instancia, se dispuso suspender la ejecución de deudas correspondientes a facturas y convenios vinculados a los años 2025 y 2026, además de impedir interrupciones del servicio mientras se sustancia el proceso principal. La medida también establece que los usuarios alcanzados podrán optar por abonar mensualmente el consumo mínimo equivalente a 15 metros cúbicos, hasta que exista una definición judicial sobre la facturación cuestionada.
El fallo consideró acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, al tratarse de un servicio público esencial vinculado al acceso al agua potable, el cual posee protección constitucional por su relación directa con la salud, la vida y condiciones de dignidad.
En el expediente se mencionan informes técnicos y presentaciones administrativas que señalarían fluctuaciones de presión en la red de distribución, situación que podría haber incidido en la medición del consumo. Según lo expuesto, en determinados momentos la red habría operado con niveles de presión reducidos, lo que podría generar registros irregulares en medidores analógicos.
Asimismo, la resolución ordena al Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas informar si se concretó un monitoreo técnico de la red en distintos puntos del barrio, con el objetivo de verificar el funcionamiento del sistema y evaluar eventuales anomalías en la prestación del servicio.
El planteo judicial se produjo en un contexto de reclamos públicos realizados por vecinos que se manifestaron frente a las oficinas de la empresa prestataria para visibilizar la situación vinculada a las facturas y a interrupciones en el suministro durante distintos momentos del día.
La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa principal, donde se analizarán los aspectos técnicos y contractuales vinculados al servicio y la facturación cuestionada.
