La Cámara Federal de Posadas ratificó el fallo. Se ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer el pago a cuatro beneficiarios. La Justicia consideró que la suspensión vulneró derechos básicos.
La Cámara Federal de Posadas confirmó la resolución judicial que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir el pago de cuatro pensiones no contributivas por invalidez suspendidas en Misiones. La medida, dictada el 7 de noviembre, ratifica lo dispuesto por la jueza civil y comercial de Posadas, Carmen Helena Carbone. En septiembre había ordenado la restitución inmediata de los beneficios.
El fallo, fue firmado por los jueces Fabián Cardozo, Mario Boldú y Mirta Tyden. Sostiene que la interrupción de los haberes afectó derechos fundamentales de personas en situación de vulnerabilidad. Por ese motivo, dispuso mantener los pagos hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La causa se originó tras detectarse que los beneficiarios habían sido dados de baja sin notificación previa ni proceso administrativo. La Justicia calificó como un acto arbitrario que vulnera derechos constitucionales, entre ellos el de defensa, la seguridad social y la tutela judicial efectiva.
En su apelación, la ANDIS cuestionó la competencia del fuero provincial, defendió la validez de las suspensiones y advirtió que mantener los pagos “compromete el interés público”. La Cámara desestimó esos argumentos y recordó que las pensiones por invalidez “constituyen un derecho de seguridad social de raigambre constitucional”, cuya interrupción “podría generar un perjuicio irreparable”, al afectar el acceso a alimentos, medicamentos y al Programa Incluir Salud.
El reclamo de Misiones por las pensiones por discapacidad
La presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, recordó que el amparo se presentó “por situaciones puntuales de personas que perdieron la pensión sin aviso previo y sin poder acceder a una respuesta”, y remarcó que la decisión judicial “no es motivo de celebración, porque esas personas atravesaron una situación de enorme angustia al perder un ingreso esencial para su vida cotidiana”.
Con este fallo, la Justicia Federal vuelve a respaldar el derecho a la seguridad social y a la protección integral de las personas con discapacidad. Mientras, continúa el análisis de fondo sobre los procedimientos administrativos aplicados por la ANDIS.
