Se lo investiga por el presunto desmantelamiento de vehículos judiciales, cobro de «peajes» al contrabando, malversación de insumos y una cadena de deudas con comercios locales.
Por orden directa de la Jefatura de la fuerza provincial, el Comisario Inspector Walter Daniel Olivera fue desplazado de su cargo como subjefe de la Unidad Regional IV de Puerto Rico. La medida se tomó tras la difusión de graves irregularidades que lo involucrarían en una presunta red de corrupción y manejos espurios de bienes del Estado.
Pese a la contundencia de las acusaciones, el oficial fue destinado preventivamente como supervisor vial, una decisión que ha provocado una profunda indignación en las filas policiales.
El «Canibalismo» de la Hilux y el botín de los 30 millonesLa justicia federal y provincial investigarían maniobras de una impunidad asombrosa que habrían ocurrido bajo su mando:Sustracción de autopartes: Olivera habría ordenado el desmantelamiento de una camioneta Toyota Hilux (AE 795 GC) bajo custodia judicial para colocarle sus llantas y cubiertas a su propio vehículo particular.
Mercadería «desaparecida»: Se rastrearía el destino de cargamentos de cigarrillos y electrodomésticos valuados en más de $30.000.000, los cuales habrían sido secuestrados pero nunca informados formalmente al Juzgado Federal de Oberá.
Vehículos para uso familiar: Un magistrado de instrucción le habría entregado vehículos en depósito judicial que terminarían siendo utilizados para fines estrictamente personales, como un VW Gol Trend asignado al uso diario de la esposa del comisario.
«Peajes» al contrabando y deudas millonariasLa investigación sugeriría que el ex subjefe habría montado un sistema de recaudación paralela mediante oficiales de su extrema confianza
Canon a «paseros»: En zonas estratégicas como los barrios Sol e Iprodha, subordinados de Olivera cobrarían presuntamente «tasas» ilegales para permitir el libre tránsito de mercadería de contrabando.Malversación de suministros: Olivera habría solicitado importantes volúmenes de pintura en comercios locales bajo el pretexto de refaccionar la comisaría, aunque el material habría sido desviado para el embellecimiento de su propiedad particular.
Morosidad con proveedores: El oficial mantendría deudas millonarias con mecánicos, ferreterías y casas de comida, donde habría dejado impaga, por ejemplo, una cena para 50 comensales a finales de 2025.Régimen de persecución y abandono
Mientras la cúpula habría gozado de privilegios, como el uso discrecional de fondos municipales y combustible para fines privados, el personal subalterno denunció un clima de hostigamiento constante:Condiciones inhumanas: Agentes de resguardo habrían sido obligados a cumplir funciones en predios que anteriormente funcionaban como basurales, careciendo de agua potable, energía eléctrica e infraestructura básica.Traslados de castigo: Aquellos efectivos que se habrían negado a participar o silenciar estas maniobras habrían sufrido amenazas y traslados forzosos a localidades alejadas, con el fin de «limpiar el camino» a los allegados del comisario.La mirada de la sociedad de Puerto Rico recae ahora sobre el Ministerio de Seguridad, ante la sospecha de que los vínculos de Olivera con el intendente municipal y ciertas esferas del Poder Judicial podrían garantizarle impunidad a pesar de haber sido desplazado de su función operativa.Este medio continuará ampliando la información a medida que avance la investigación judicial sobre los nexos políticos y judiciales que habrían amparado este entramado.
