Ante la preocupación por la posible llegada de una segunda ola de coronavirus a la Argentina, el Gobierno se prepara no solo para contener el impacto sanitario sino también el económico.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que en ese caso tomarán “medidas excepcionales”, luego de advertir que las personas de entre 18 y 29 años están en la situación “más crítica” en términos laborales. Igualmente recordó que los auxilios estatales de 2020 (el IFE y el ATP) no están contemplados en el Presupuesto.
En relación a la situación social en el país, el funcionario afirmó que previo a la llegada de la pandemia había “ocho millones de personas que recibían asistencia alimentaria”, que luego esa cifra “aumentó a once millones” y que actualmente “hay diez millones de personas” en esta situación “porque la gente ya puede hacer changas, pero no le rinde la plata”.
Recordó que medidas de asistencia como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) “no están en el Presupuesto”. Sostuvo que debe “sostener la asistencia alimentaria, crear 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios y poner en marcha 800 jardines” y que en caso de rebrote de contagios evaluarán qué “medidas excepcionales” dispondrán.
Afirmó que el año pasado “se cerró toda la actividad” por la cuarentena estricta y que para él “abril, mayo y junio fueron los meses más complicados porque desbordaron los comedores”. Aunque diferenció la situación del 2020 con la de ese año, que sostuvo que “es distinto, porque si una maestra o un alumno tiene coronavirus se cierra el aula, no la escuela, y si una fábrica tiene problemas no afectará a todo el sector productivo”.
Para graficar la situación social explicó que a principio el año pasado tenía asignados $84 mil millones y que terminó con $240 mil millones. Destacó que “claramente hubo una decisión de acompañar” a los sectores más vulnerables.
El IFE se dispuso el año pasado y alcanzó a nueve millones de personas por medio de tres pagos de $10.000 cada uno. El Gobierno asignó $265.000 millones a esta asistencia que llegó a desocupados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), empleadas domésticas, trabajadores informales y monotributistas de las categorías A y B.
Además se otorgó el ATP para asistir a la actividad privada en medio de las fuertes restricciones por la pandemia. A través de este programa el Estado se hizo cargo hasta el 50% de los sueldos. El otorgamiento de esta herramienta se redujo progresivamente hasta que dejó de otorgarse en diciembre. Ambas dejaron de otorgarse.
