Las propuestas de la Argentina parecen haber ganado, en las últimas horas, cierto peso relativo en el marco de la discusión.
La ley de causa y efecto se basa en idea sencilla: toda acción provoca una reacción, una consecuencia o un resultado. Cuando sucede A (causa) como consecuencia sucede B (efecto).
Tras el comunicado del G20 conocido el último domingo donde se recomendó al FMI, entre otras cosas, el análisis de la política de sobrecargos, pero, sobre todo, la creación de un fondo para asistir a los países más vulnerables (entre los cuales podría clasificar la Argentina), el Gobierno enhebró nuevos bríos en su intensidad negociadora a partir de cierta distención detectada en la cúpula negociadora del organismo, que también pareció interesado en retomar el diálogo.
El dato más importante (pero también hay otros que no se quedan atrás) es que tanto el presidente Alberto Fernández como Martín Guzmán han reunido nuevamente todas sus propuestas y, según pudo saber Ámbito de una alta fuente del gobierno argentino, esas iniciativas parecen haber ganado, en las últimas horas, cierto peso relativo en el marco de la discusión.
Para ser precisos, en el Gobierno ven que el comunicado del G20 podría haber erosionado la obstinación de la burocracia del organismo de crédito para con la Argentina y parte de ese cambio cualitativo podría haberse comenzado a notar ayer. Eso explicaría el largo tiempo de negociación en la jornada de ayer en Roma, es decir, tantas instancias con el objetivo de avanzar en el acuerdo.
Ayer, tras participar de la cumbre del COP26 en Glasgow, Escocia, el presidente habló con el ministro Guzmán que, aún en Roma hasta hoy, conversó por teléfono. El titular de la cartera de Economía cerró una jornada de negociación con Julie Kozack, la subdirectora para el hemisferio occidental y compartió con el mandatario su satisfacción por la intensidad del trabajo conjunto.
Como anticipó Ámbito durante la tarde de ayer, fueron casi 11 horas seguidas de las que también participaron el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, y, por zoom, el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu y el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos. Cada uno tuvo su segmento técnico a lo largo del día e intervino en diferentes conversaciones.
Si bien la naturaleza del encuentro fue técnico, la participación de Beliz le dio un marco distinto, político.
El visto bueno de Georgieva
Al margen de los nuevos bríos que podría tomar la larga conversación entre la Argentina y el organismo, parte de la dinámica que tuvo lugar ayer, pudo incorporar sorpresivamente en la mesa de trabajo varios puntos que se conversaron hace tiempo entre las partes pero que, quizás, no habían sido tomados en cuenta por el Fondo para modelar el nuevo acuerdo o, al menos, para extender la negociación el tiempo que sea necesario.
El Gobierno piensa que debe demostrar, primero que todo, que no quiere entrar en default. Para eso lleva pagados en el año u$s 2.470 millones al organismo y ayer realizó un nuevo pago. Quedan para las próximas semanas u$s 1900 millones más.
“Si quisiéramos entrar en default no pagaríamos todo lo que venimos pagando”, dijo una fuente. Sin embargo, no hay seguridad en el Gobierno que Kristalina Georgieva quiera aflojar del todo la dureza de su posición, por lo que según pudo saber este medio, también se baraja como posibilidad final para no caer en default (hasta que pueda avanzar la negociación) el otorgamiento de un waiver o “dispensa” por el no cumplimiento del pago que vencería en marzo, lo que descomprime no sólo el apuro del Gobierno, sino también del propio FMI.
De la misma forma podría operar un acuerdo standstill, un pacto entre deudor y acreedor en la que el deudor se obliga a no presentarse en default y los acreedores se obligan a no emprender acciones o requerir de pagos al deudor, hasta la finalización del proceso de negociación y reestructuración.
Hay que recordar que los países que integran el G20 también le solicitaron al FMI el último domingo que establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para “proporcionar financiación asequible” a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. Según pudo saber Ámbito, el gobierno ha avanzado y ya obtuvo el visto bueno de Georgieva para que, de prosperar un nuevo acuerdo Extended Fund Facility a 10 años, éste incorpore una cláusula que le permita al país, cuando exista la oportunidad, cambiar de línea de crédito, a una con menores costos y más plazo, como la de “resiliencia”. A esta cláusula se lo denomina “pari-passu”, y la novedad es que la Argentina podría beneficiarse.
Hasta ahora, Argentina buscó a lo largo de las negociaciones con el Fondo alcanzar un programa de Facilidades Extendidas, es decir un repago del crédito a 10 años de plazo y con condicionalidades referidas a reformas estructurales. Tras el pedido del G20 para la creación del nuevo andamiaje, las posibilidades para seguir negociando un mejor acuerdo crecen. También, la chance de tomarse más tiempo sin caer en default.
FUENTE: Ámbito
