El intendente de Taco Pozo y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita

La Justicia investiga una causa de corrupción en Taco Pozo, Chaco, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras 11 personas.

La causa está a cargo de Carlos Amad, fiscal federal subrogante de Roque Sáenz Peña, quien comenzó a investigar en febrero de 2023 luego de que Ana María Canata denunciara que en el pueblo había al menos 800 pensiones truchas. Ese número representa aproximadamente el 10% de la ciudad en la que viven 9000 habitantes.

La mujer denunció que “se falsificaban documentos y certificados” y le dio al fiscal, según contó el propio Amad, “los nombres de dos o tres personas que se encargaban de hacer las maniobras”.

El fiscal pidió que se realicen allanamientos en distintos puntos del municipio y allí se encontraron tres tipos de cuadernos: azules, rojos y amarillos. También se encontró documentación que vinculaba a las personas mencionadas por la denunciante con el otorgamiento de pensiones de forma irregular.

“Estamos en 740 pensiones inválidas, truchas, otorgadas de modo irregular”, explicó Amad, quien luego de los allanamientos determinó que hay 13 personas que “intervinieron directamente en estas gestiones”. Entre ellas, Carlos Ibañez, intendente de Taco Pozo y su hija Gabriela, quien trabaja como delegada municipal en ANSES.

Con respecto a la hija del jefe municipal, explicó: “A mí no me parecía que hubiera documentos que la vinculen, pero después de las indagatorias, los demás imputados le contaron al juez que esta señora y el equipo que comandaba en ANSES tenían que ver con esto”.

El fiscal detalló que las 13 personas están imputadas por falsedad ideológica, fraude en perjuicio de la administración pública y por ser miembro o integrante de una asociación ilícita. También aclaró que no pidió la detención de nadie porque “son personas que no se van a dar la fuga”.

“Lo que hagan los imputados con sus empleos es una cuestión de ellos. En mi imputación no dije que el señor (Carlos) Ibañez sea el jefe. El y las otras 12 personas eran parte de una asociación ilícita”, explicó.

Además del intendente de Taco Pozo y de su hijo, en la causa están imputados: Marcela Patricia Peralta, médica y actual directora del hospital Rural Santa Rosa de Lima; Miguel Angel Bilinski, director del hospital Rural Santa Rosa de Lima; Marcos Gustavo Rojos, hasta 2019 fue director del hospital Rural Santa Rosa de Lima.

El fiscal también explicó que se inició una segunda causa para investigar este mismo delito en otras localidades de toda la provincia. La investigación ya encontró 23.206 pensiones otorgadas de este modo.

Pensiones de $70.000 y certificados por torceduras: el modus operandi de la corrupción

El fiscal Carlos Amad explicó que en los cuadernos encontrados en los allanamientos encontraron los datos sobre cómo las personas que realizaban la maniobra les cobraban a los beneficiarios de las pensiones.

Por lo que uno ve en las anotaciones de ellos, que todavía las tienen que explicar, era bastante elevado el porcentaje que se quedaban. La PNC (Pensiones no contributivas) en ese momento estaba en 70.000 y las personas cobraban a 20.000″, explicó.

Los montos que aparecen en los cuadernos van desde los $6000 hasta los $20.000 y están detallados con nombre y apellido en cada caso. “En los cuadernos no solo está retorno que debían darle a los jefes de la asociación, también lo dijeron en las declaraciones testimoniales”.

“Muchas personas nos dijeron que les cobraron para eso. Hay personas que aparecen en los cuadernos, que están cobrando un beneficio, que nos dijeron que recibían un pago por esto”, detalló Amad.

Con respecto al acercamiento o la elección de los beneficiarios, señaló: “Hay gente que dice que el intendente le decía anda a verlo fulano, a otros le pedían el DNI, hay otras personas que él iba a ver. Hay familias enteras que estaban cobrando el beneficio”.

En ese contexto, reveló las enfermedades que utilizaban en los certificados truchos: “Chagas, diabetes, torceduras, luxaciones, quebraduras y de todo tipo. Cosas que nosotros conocemos que no son enfermedades incapacitantes. Hay personas que inclusive no saben de lo que se trata. Le daban los datos a los intendentes y un día recibían un beneficio que no sabía de qué era”.