Los datos arrojados por el Observatorio de MuMaLá «Mujeres, Disidencias, Derechos», registraron también que desde el 1° de enero al 19 de noviembre se perpetraron 208 femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios de un total de 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans.
Por medio del registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios y otras muertes violentas realizado por el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana «Mujeres, Disidencias, Derechos», se determinó que en promedio, en Argentina, se comete 1 femicidio cada 37 hs.
Es así que desde el 1° de enero hasta el 19 de noviembre, se cometieron 171 femicidios directos: 9 vinculados a niñas y mujeres, 20 vinculados a niños y varones y 8 trans/travesticidios. Además, 80 de ellos fueron cometidos de forma violenta, vinculadas a economías delictivas y a delitos comunes; 12 fueron suicidios femicidas, 49 son muertes violentas en proceso de investigación y 377 no llegaron a concretarse.
Hoy 239 niños, niñas y adolescentes se han quedado sin madre. Tierra del Fuego continúa siendo la provincia con el índice más alto de femicidios con 2.2 %, seguido por La Pampa con 1.6%; La Rioja y Jujuy con 1.5%; Catamarca y Santiago del Estero con 1.4%.
Los datos registrados también arrojaron que el 85 % de los femicidios fueron cometidos por personas del círculo de conocidos de la víctima (parejas o ex parejas, familiares y conocidos). De ese porcentaje, el 16% había denunciado a su agresor, el 47% tenía orden de restricción y el 17% poseía un botón antipánico.
“Hace unos días enviamos la tercera carta al gobierno nacional, esta vez a la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Mazzina. En ella planteamos, una vez más, la necesidad de la declaración de la Emergencia en Violencia de Género que permita determinar recursos precisos y especiales así como evaluar su impacto”, manifestaron desde MuMaLa.
En vísperas del 25N también expresaron su preocupación ante el crecimiento de la feminización de la pobreza, la cual impide la independencia económica, “privándonos de una educación de calidad, de asistencia médica igualitaria y del acceso a los recursos básicos generando dependencia con nuestro agresor. Las barreras económicas, sociales, culturales, de acceso a la justicia son las causantes del empobrecimiento de nuestra calidad de vida, el Estado es responsable”.
