Como parte de la negociación para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno ofrece mantener reducidas las contribuciones patronales de las universidades.
Se trata de los aportes obligatorios que las instituciones educativas —en su carácter de empleadoras— deben ingresar a los subsistemas de la seguridad social por cada uno de sus trabajadores (docentes, no docentes y autoridades). La Casa Rosada busca combinar un acuerdo sobre el régimen administrado por ARCA con una mejora de las partidas del Presupuesto 2027 para acercar posiciones con las casas de estudio.
En el Ejecutivo confirman que la cuestión de las contribuciones forma parte de las herramientas que están dispuestos a negociar, aunque todavía no está definida la alícuota que propondrán. Las conversaciones sobre este punto se vienen desarrollando de manera informal con las universidades y no existe por ahora un acuerdo cerrado con el Consejo Interuniversitario Nacional.
