Aunque la Justicia Federal puso en pausa la decisión por seis meses, desde la Casa Rosada aseguraron que ya están trabajando los abogados oficialistas.
El Gobierno anunció días atrás la disolución de varias áreas de la Secretaría de Transporte, incluida la Dirección Nacional de Vialidad, con el correspondiente riesgo que supone para la infraestructura de rutas y caminos en todo el país. Pero la Justicia Federal falló a favor de suspender la orden ejecutiva por seis meses, y en Casa Rosada ya preparan el contraataque.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves vía X que «el Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional», lo que deja la puerta abierta para un litigio que mantendría en un limbo tanto a los trabajadores como a los beneficiarios (es decir, el público en general).
Así, se espera que el equipo legal de Casa Rosada presente en breve un escrito ante la Cámara del fuero para repeler el fallo de la jueza Martina Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que resolvió poner en suspenso el decreto de Javier Milei.
La medida cautelar será efectiva hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, es decir, que se determine la constitucionalidad o no del decreto de Javier Milei que le da permiso a su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para desarmar esa estructura estatal.
En el mismo decreto, que fue publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial, se prevé la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
Pero desde el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) señalaron que las facultades delegadas en Federico Stuzenegger -que ya no tienen efecto- no incluían la atribuciones para desarmar el organismo.
«Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma», explicó la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, a Canal Abierto.
Así, el organismo encargado de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por Sturzenegger.
