El Congreso de la Nación comienza a tomar medidas para oponerse al DNU de Javier Milei, que propone una serie de desregulaciones y derogaciones. El peronismo, junto con las principales centrales obreras, está definiendo una estrategia política que incluye al radicalismo, al PRO y al peronismo no K de Miguel Ángel Pichetto.
El argumento central es que “no corresponde realizar estas reformas por DNU”. Un diputado de Unión por la Patria expresó que si el Gobierno cree que estas medidas solucionarán los problemas del país, debería presentar un proyecto de ley y buscar su aprobación mediante la mayoría.
La estrategia se enfoca en formar una mayoría en la comisión bicameral de Trámite Legislativo para emitir un dictamen de rechazo al “decretazo” anunciado por Javier Milei. Sin embargo, la distribución de bancas en cada espacio es un desafío significativo.
La Libertad Avanza y otros bloques no kirchneristas buscan limitar al kirchnerismo a tres de las ocho bancas correspondientes a la Cámara de Diputados. Germán Martínez, jefe del bloque UP, argumenta que deberían tener cuatro bancas, ya que representan al 40% de la Cámara baja.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, está finalizando la integración de las comisiones. Con el apoyo de otros bloques, se espera que UP tenga 3 bancas, mientras que LLA, PRO, UCR y Cambio Federal tendrían una cada uno. Un diputado de UP lamentó haber confiado en la distribución de bancas, creyendo que se respetaría su mayoría.
El bloque UP ha declarado que el mega DNU es inconstitucional por invadir competencias del Congreso Nacional, afectando la división de poderes y el funcionamiento de la República y la democracia argentina. El comunicado del bloque enfatiza la necesidad de un consenso amplio y diálogo entre todos los sectores políticos para defender la Constitución, la Democracia, la República y los derechos del pueblo argentino.
En el PRO, el tema genera divisiones. Mientras el ala larretista se opone a la implementación por DNU, otros miembros consideran la urgencia económica y los altos niveles de pobreza como justificación para las medidas. Luciano Laspina, del PRO, felicitó al presidente Javier Milei por el decreto, describiéndolo como un gran paso que elimina prebendas obtenidas por lobbies sindicales y corporativos.
