La estimación fue confeccionada por el ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, y la cartera de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich. «En estos años hemos decomisado 23 mil millones de pesos en drogas, en campos y otros bienes. Un porcentaje mínimo de lo que podríamos haber hecho si hubiéramos tenido este mecanismo rápido, inmediato y eficaz”, explicó la funcionaria apenas finalizado el anuncio de Macri.
Los bienes a los que se refiere Bullrich incluyen autos, armas, tecnología, obras de arte y dinero en efectivo, que representan poco más de US$ 590 millones al cambio del lunes. El lujoso yatede Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte K, y el avión privado Learjet 35A del empresario Lázaro Báez, forman parte de este grupo. El primero es utilizado por la Prefectura, mientras que el segundo por la Policía Federal, aunque no está en funcionamiento.
En otros episodios de corrupción, como el reconocido caso de Antoni Wilson, el empresario venezolano que intentó ingresar al país 790.550 dólares sin declarar, el Poder Ejecutivo destinó el dinero que había en la valija para construir dos Espacios de Primera Infancia, uno en Oberá, Misiones y otro en Tafí Viejo, Tucumán.
Durante el proceso, el organismo a cargo de controlar los bienes será la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero se dirigirá a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A su vez se analiza la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada.
Muchos de estos bienes no están siendo utilizadas y generan un gasto para las arcas estatales, por lo que el Gobierno busca darles un fin social o subastarlas para desprenderse de ellas. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) crea una acción civil para extinguir el dominio de aquellos bienes que se presume provienen de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos titulares no puedan probar su origen lícito
decreto, a su vez, crea una procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación que será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares y junto con los fiscales, presentar las demandas e impulsar las acciones. No solo los delitos de corrupción, trata de personas y narcotráfico están incluidos en el DNU, si no también aquellos fraudes a la administración pública por parte de funcionarios, además del cohecho y la malversación de fondos públicos.
