El Gobierno pagará hasta 2024 un monto significativamente menor, de acuerdo a los cálculos privados. Esto mermará la presión cambiaria y permitirá reasignar gastos.
Con el acuerdo al que llegó el Gobierno con los principales acreedores, Argentina consigue aminorar las presiones devaluatorias que acompañaron a Alberto Fernández desde antes de asumir en Casa Rosada. Si el ministro de Economía, Martín Guzmán, obtiene el mismo éxito con la renegociación de la deuda regida por la ley argentina, liberará recursos por más de U$S 57.000 millones por los próximos cinco años.
Después de las aproximaciones que se lograron el fin de semana, Guzmán adelantó los pagos propuestos y de esta forma destrabó una negociación que formalmente había iniciado en abril, pero que extraoficialmente estaba en la cabeza del economista desde antes de que el Frente de Todos gane las elecciones. Estos tres grupos de presión de Wall Street acopiaban la mayoría de las tenencias, pero resta ver los números finos cuando el Palacio de Hacienda los comunique. Por lo pronto, se estiraron los diálogos con los acreedores hasta el 24 de agosto para hilar el fino del resto de los avales.
Una vez que el Congreso sancione la habilitación para que Economía les proponga las mismas condiciones a los tenedores de bonos emitidos bajo ley argentina. De estas series se encuentran en manos de privados menos de U$S 20.000 millones, una cifra muy inferior a los U$S 65.000 millones y donde no abundan fondos de inversión internacionales que acostumbran presionar países, por lo que se da por descontado que será una negociación menos aguerrida. La clave de este cambio en la deuda externa no sólo debe evaluarse desde los U$S 0,54 o U$S 0,55 que se canjeará por cada U$S 1, sino también sobre los plazos cortos de las emisiones que lanzó Cambiemos durante su mandato y la sangría de las reservas internacionales.
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En caso de que se consolide un acuerdo también sobre la deuda con legislación argentina, Argentina liberará recursos por U$S 57.548 millones entre 2020 y 2024, de acuerdo a un cálculo del CEPA. Esto abarca obligaciones que poseen tanto privados como organismos públicos, e incluye pagos de capital e interés. Sobre el total de la curva, el Estado «se ahorrará» U$S 40.000 millones, según estimó el economista Hernán Letcher a El Destape.
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Si bien no se trata de dinero que el Tesoro posee y no girará, no es un stock, sino un flujo, una obligación menos que alivianará sustancialmente la presión cambiaria, ante la menor salida de divisas y adelgazamiento de los activos del Banco Central. Esto también facilitará comenzar el proceso de acumulación de verdes a través de un comercio internacional favorable, siempre que el Gobierno refuerce la competencia por manufacturas en lugar de exportar alimentos con baja o nula industrialización, ya que los términos de intercambio a la larga se volverán desfavorables y se volverá a depender de la deuda.
Con los acuerdos, Argentina liberará recursos por U$S 57.000 millones por cinco años
Gráfico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Se puede discutir que estaba garantizado el roll-over de los títulos en manos de organismos públicos, pero aún así se trata de una carga menos con la que contarán las renegociaciones futuras. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el principal acreedor de soberanos dentro del Estado junto al Banco Nación, probablemente mancomunará esfuerzos con Guzmán porque a su director, Lisandro Cleri, le conviene renovar los bonos por sus altos rendimientos, aún después de la reestructuración. El economista debe mejorar el desastre que recibió desde que tomó funciones, en parte con los intereses de los títulos argentinos y otra diversificando la cartera e invirtiendo en la economía real, una obligación abandonada por sus antecesores. Con decisiones abiertamente perjudiciales, el macrismo destruyó el patrimonio del FGS al punto de que en cuatro años se redujo a la mitad y al 10 de diciembre quedaban nada más U$S 33.780 millones.
La inestabilidad de todas las variables micro y macro se convirtió en la nueva normalidad de Argentina desde que en 2018 estalló el modelo de Cambiemos de concentración de capitales, especulación y fuga. Cualquier país que se apoye en esos movimientos cortoplacistas se expone solo a chocar con sus propias limitaciones. Y así sucedió, cuando Mauricio Macri mendigó un salvavidas ante Donald Trump y el FMI. Los intereses geopolíticos del presidente republicano de Estados Unidos de reforzar el eje reaccionario en Sudamérica derivaron en el pedido para que Christine Lagarde aporte U$S 56.000 millones para la supervivencia del neoliberalismo en Argentina y su reelección en 2019. Si hubiera conseguido su objetivo, resulta difícil predecir el caos que hubiera generado el equipo económico de Wall Street después de dilapidar la inédita masa de divisas que tuvieron a disposición si, con viento a favor llevaron a una economía con problemas puntuales a una de estanflación creciente.
