Las propiedades de la expresidenta y de otros condenados por corrupción pasaron a manos de la Corte Suprema de Justicia. El monto fijado asciende a $684.990 millones.
En las últimas horas,la Justicia autorizó el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad, como el empresario Lázaro Báez. Ahora, quedaron en poder de la Corte Suprema, que estará a cargo de inventariar y tasar cada uno. El proceso podría demorar meses.
Entre los bienes a decomisar se encuentra el Hotel Los Sauces, en El Calafate. Es propiedad de Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta, quienes podrían presentar un amparo y dilatar el proceso. Será el tribunal integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti el que decida el destino de los inmuebles, y si serán o no subastados.
El análisis estará a cargo de la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte. En el caso de que el máximo tribunal disponga del uso de bienes, podría asignarlos por ejemplo para dependencias judiciales en el Sur, para depósito o como una sede para el desarrollo de juicios. Caso contrario, las propiedades incautadas por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) serán subastadas.
El fallo que ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner tras la sentencia por la causa Vialidad destacó en relación a los bienes de las personas condenadas “que resultaron beneficiarias de los efectos del delito -ya sea del producto o del provecho-, el decomiso se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita”.
La resolución mencionó que “corresponde considerar los bienes de los condenados que resulten decomisables en virtud de la función reparadora del daño social causado, así como en cumplimiento de la política pública de recuperación activos de la corrupción, obligación internacionalmente asumida por el Estado Argentino en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos”.
El decomiso se dispuso luego de la confirmación de la sentencia dictada en diciembre de 2022. Alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) como instrumentos o productos del delito. O bien como activos incluidos durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado por el decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores a partir de criterios técnicos ratificados por la Corte. Ante el incumplimiento de los condenados por la causa Vialidad, como anticipó TN, el Tribunal ordenó la ejecución.
La medida alcanza Cristina Kirchner, Lázaro Báez y a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, en tanto titulares de activos que, según el fallo, integraron el circuito delictivo o se beneficiaron indirectamente de él. El decomiso no sólo comprende bienes de Báez y sus compañías, sino también propiedades que la exmandataria y Néstor Kirchner transfirieron, permutaron o vendieron al grupo Báez.
Entre ellas figura la cesión del lote 2 de la manzana 801 de Río Gallegos, la permuta por la Quinta Diez A en El Calafate y la venta de al menos nueve inmuebles en Santa Cruz, además de múltiples operaciones comerciales relacionadas con los hoteles Los Sauces y los emprendimientos de Hotesur SA.
